“Tenemos los montacargas cargados con combustible, listos para movilizarlos hoy mismo y remover los contenedores que impiden el paso por los puentes internacionales hacia Colombia”, dicen los gremios económicos tachirenses.
“Puerto Santander vive de Venezuela, no de Colombia”, afirman comerciantes del puerto.
“Sería un sueño tener la frontera abierta y controlada para la época de fin de año”, indica Sergio Entrena de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
“Esperamos que podamos recuperar ese intercambio de comercio binacional legal que se puede hacer otra vez entre la Aduana en Cúcuta y la Aduana en San Antonio”, expone Carlos Luna de los cambistas.
Son todas razones válidas detrás de las cuales se encuentran realidades de carne y hueso debido al demoledor impacto negativo que sobre esta porción del territorio colombiano y venezolano ha provocado esa congelación fronteriza de la que sacan provecho las organizaciones delincuenciales.
Lo importante en este instante de debate y evaluación es profundizar en dos o tres asuntos igualmente razonables expuestos en una reciente entrevista con La Opinión por el gerente de Fronteras del Gobierno Nacional, Lucas Gómez.
“Por ejemplo, se puede establecer un punto específico de intercambio comercial controlado con los protocolos de bioseguridad, que sea un sitio de abastecimiento, pero no es una decisión fácil”. Esto lo dijo Gómez al referirse a lo que él mismo señaló como la necesidad de mirar las alternativas para el comerciante.
Ahí entonces se encuentra un elemento fundamental para profundizar en las conversaciones en búsqueda de las mejores posibilidades para ayudar a enderezar las condiciones sociales y económicas de la región, tan golpeada por el cierre fronterizo, la pandemia del coronavirus y los problemas estructurales que ha venido arrastrando.
Alivia saber que desde el punto de vista de la protección sanitaria hacia una eventual “reapertura responsable” de la frontera se cuente con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que trabaje de la mano con el Instituto Departamental de Salud y del Ministerio de Salud, para estructurar las medidas más viables.
Es que en el aspecto de la salud –bajo la óptica de la COVID-19-es donde persiste la mayor inquietud para la habilitación del paso con los protocolos respectivos, teniendo en cuenta que por los puentes internacionales se esperarían miles de venezolanos que cruzarían a diario a hacer compras en el área metropolitana, como sucedía antes del cierre.
Buscar el equilibrio entre la obligación constitucional de proteger la vida y la misión de conservar el empleo y la economía tiene que ser la luz que ilumine el camino hacia una reactivación de los pasos fronterizos con condiciones idóneas de orden, seguridad y legalidad, todo ello desde la articulación interinstitucional pública y privada.
Y así como se buscó el apoyo de la OPS, el gobierno del presidente Iván Duque debería buscar un tercer país para que sirva de enlace Bogotá-Caracas para asuntos básicos como los consulares y de intercambio de información judicial o decirle a la ONU que sirva en esa intermediación, porque esa rotura de relaciones extendida en el tiempo a los que termina perjudicando es a los pueblos y beneficiando a la ilegalidad.
En medio de las radicales diferencias ideológicas y de modelo económico, dos países hermanos tienen que tener unos mínimos de convivencia que no significan reconocer a una dictadura ni rendir la lucha por la democracia. Por ejemplo, es hora de pensar en una oficina de negocios o de reabrir consulados.
