Ojalá la nueva actitud asumida por los representantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc de empezar a reconocer públicamente las atrocidades en que incurrió, sea la postura que mantenga en el tiempo y que la haga oficial en sus comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Escucharlos decir que “el secuestro fue un gravísimo error” y admitir que frente a ese delito no pueden sino arrepentirse, era algo que Colombia estaba esperando, porque son imborrables los miles de casos, entre ellos el de los diputados del Valle, de civiles en las ‘pescas milagrosas’, de policías y soldados y de personas por quienes exigían rescates.
Tal vez ese pudiera ser uno de los senderos hacia el camino correcto, porque al menos el Gobierno Nacional recibió con moderado optimismo este gesto que consideró como un avance importante en la reconciliación y el reconocimiento de la verdad.
Pero más allá de lo expuesto en la carta con ese mea culpa y de lo afirmado por Timochenko de que llegó a odiar a la organización subversiva que él comandó, por los hechos atroces cometidos, es evidente que ante la JEP los exmiembros de las Farc deben hacer lo mismo para que haya garantía de justicia y verdad, en desarrollo del acuerdo de paz.
Previo a esta declaración, la excandidata Ingrid Betancourt, quien permaneció en poder de esa guerrilla por seis años, consideró el secuestro como un asesinato. Y de verdad que tiene razón si recordamos el caso del niño Andrés Felipe Pérez, quien murió de cáncer y le había suplicado a las Farc que liberara a su padre, un cabo de la policía, pero no lo escucharon y murió sin verlo.
Medio siglo de conflicto armado dejó heridas profundas tanto en el país como en Norte de Santander, en puntos como el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, que deben de ser cerradas en forma debida, sin revictimización y con compromiso claro de los responsables de admitir, reparar, ofrecer perdón y aportar la verdad.
Hay aspectos en los que todavía muchas familias siguen esperando una luz, como es en el dramático caso de los desaparecidos por esa guerrilla. En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el pacto de La Habana, a ellos les corresponde que dar los detalles de los secuestrados ¿Dónde quedaron? ¿Por qué los mataron? ¿Cómo murieron?
Entonces será la justicia transicional, como lo planteó el presidente Iván Duque, donde esa antigua guerrilla responda con nombres y apellidos a las familias que no saben dónde están sus seres queridos, que, seguramente, estarán en una fosa común luego de ser secuestrados y asesinados.
Además, no pueden negarse los excombatientes a hablar y exponer los hechos relacionados con el reclutamiento de menores y los delitos que se cometieron contra ellos como por ejemplo abuso sexual y los abortos involuntarios, puesto que este doloroso pasaje es uno sobre los que más reclamos se hacen.
En momentos de polarización, donde unos hablan de avances y otros no creen en el arrepentimiento de los exguerrilleros, la opción para Colombia es que las Farc cumplan con todo lo que se comprometieron al firmar la paz y así ir avanzando en el lento posconflicto.
