Hace mucho tiempo la reforma agraria en Colombia no estaba en el radar y, como lo recordara en una entrevista radial un analista dijo que desde hace cerca de cien años en el país se estaba esperando la jurisdicción agraria, proyecto de acto legislativo que en marzo de 2023 entrará a segunda vuelta en el Congreso de la República.

Luego de toda la discusión que en su momento se armó, al calmarse las aguas el Ministerio de Agricultura ya tiene en su haber cifras concretas sobre los predios productivos que ganaderos pertenecientes a Fedegán están dispuestos a venderle al Estado para que hagan parte del banco de tierras que irán a entregarse al campesinado, así como de otros oferentes.

La oferta total de venta asciende en este momento a 1’756.000 hectáreas, correspondientes a 3.420 predios, cuya legalidad y productividad está siendo evaluada para proceder a incluirlos dentro de las  fincas que serían entregadas a los beneficiarios.

Por el momento no se ha hecho ninguna referencia a Norte de Santander dentro de la puesta en marcha de este plan que busca devolver la productividad al campo, para lo cual se ha prometido la integralidad, puesto que solo tierra sin proyecto previsto y sin recursos económicos ni desarrollo rural adecuado conduciría al fracaso de este esfuerzo que se plantea.

Las organizaciones campesinas de la región al igual que las mismas autoridades locales de esta parte del país no deben dejar pasar esta oportunidad que serviría para muchas zonas rurales nortesantandereanas, incluyendo a los corregimientos de Cúcuta que necesitan una oportunidad  para la recuperación y fortalecimiento de la soberanía alimentaria regional.

Esperemos que tenga éxito el desarrollo de esta primera acción dentro de la política para que los campos vuelvan a estar llenos de cultivos  legales, y que hasta ahora el gobierno ha seleccionado a la región Caribe y el Magdalena Medio, para empezar la compra de tierras de las 58.000 hectáreas ofertadas por los ganaderos como parte del acuerdo firmado por el Gobierno Nacional y Fedegán.

Hay unos límites que deben de ser respetados dentro del procedimiento, como aquel que señala que únicamente se pueden comprar tierras altamente productivas, que no se inunden y que hayan sido adquiridas legítimamente por sus actuales propietarios.

En este momento hay  115.000 solicitudes para la adjudicación de los terrenos, asunto que también conlleva un mecanismo especial, porque la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño ha dicho que hay que ver quiénes son, dónde están y cómo se van a agrupar.

En cuanto al interrogante sobre quienes serán los favorecidos, se ha establecido que la compra y adjudicación permitirá atacar el problema estructural de la concentración de la tierra y garantizar el acceso a la propiedad de miles de campesinos, indígenas, afrodescendientes y en general a personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

El proyecto de la reforma agraria lleva incluido otro elemento como es la entrega al campesinado de  terrenos con extinción de dominio de las mafias, que es un elemento de gran ayuda, puesto que el valor de  la tierra que no deberá ser pagada, podrá destinarse a los necesarios planes alternos de producción, transformación y comercialización.

Una reforma agraria integral que también vaya de la mano de la mejora de infraestructura vial, de educación, seguridad, paz y solución de las necesidades básicas insatisfechas, que en muchas  regiones del país han condenado al campo a la miseria, ayudará sin duda alguna construir una Colombia mejor.

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