Siempre que se instala en Colombia una nueva legislatura del Congreso se vuelve a plantear como tema de trascedente importancia la reforma de la justicia.
En esta ocasión, con todos los ribetes y arandelas de una legislatura histórica por haberse iniciado en la virtualidad y lejos de los bombos y platillos de las ceremonias, desfiles y aglomeraciones que la pandemia no permiten.
Para nadie es un secreto que la reforma judicial es una necesidad sentida del país, sobretodo, después de los bochornosos escándalos de corrupción y toda clase de atropellos a la ética y a la decencia que han involucrado a las altas cortes, a tribunales y juzgados, y a muchos magistrados y funcionarios de todos los niveles.
Los resultados que acaban de revelar dos investigaciones hechas en los últimos meses son contundentes y alarmantes a la vez: la congestión en los despachos judiciales supera el 50 por ciento, lo que quiere decir que ninguna de las estrategias y correctivos que se han anunciado y puesto en marcha han servido para ponerle freno a esta situación.
Mientras tanto, el 34,5 por ciento de los colombianos consultados considera sin tapujos que la corrupción es el principal obstáculo para acceder al sistema judicial del país. Se consultaron a 9.000 colombianos en 40 mesas y talleres que se cumplieron en las diferentes regiones.
Lo que más reclama el ciudadano de a pie es que la lucha de las autoridades policiales contra la delincuencia común sea efectiva, que haya celeridad en los procesos, y que la erradicación definitiva de la corrupción y la impunidad deje de ser retórica barata.
El Gobierno acaba de entregar un borrador de su proyecto de reforma judicial con la esperanza de que haga su trámite en el Congreso sin ningún contratiempo.
Como aspectos fundamentales vale la pena destacar los cambios propuestos a las reglas de elección de los magistrados de las altas cortes, la posibilidad de que ellos mismos suspendan a sus pares envueltos en líos y escándalos monumentales, y un plan de choque para lograr una efectiva descongestión de los despachos judiciales.
Son las mismas pretensiones y pedidos que se vienen haciendo en los últimos años, pero que no ha sido posible lograr. Por lo que ha ocurrido siempre, mucho nos tememos que esta vez sí vamos a tener una reforma verdadera que haga operante y rápido de nuestro sistema judicial.
