Ha iniciado su trámite en el Congreso el proyecto de ley que reforma la salud en Colombia. Se trata de una iniciativa de origen parlamentario, pero que cuenta con el aval del Gobierno y tiene mensaje de urgencia del presidente de la República. 

En 65 artículos distribuidos en 10 capítulos, el texto del proyecto recoge interesantes propuestas que se hicieron en los últimos meses en diferentes regiones, a través de foros, seminarios y audiencias públicas, sobre los problemas, expectativas y necesidades de la salud pública, en las que participaron activamente sus actores principales. 

Los problemas son múltiples y recurrentes. Si bien la cobertura se ha incrementado en forma notable en los últimos años, seguimos careciendo de la atención oportuna y eficiente, y son protuberantes también las fallas en lo que a calidad respecta. 

La pandemia del coronavirus dejó al descubierto las falencias de todo orden que menoscaban nuestro sistema de salud. Es lamentable que para lograr un tratamiento adecuado, la entrega de los medicamentos, el traslado de una institución a otra, y hasta una cita médica, los usuarios tengan que recurrir a las acciones de tutela, con todo lo que eso implica para su salud y la cotidianidad de su entorno familiar.

Por lo que se conoce de esta reforma, llama la atención por su conveniencia e importancia  el enfoque de salud familiar, comunitaria y regional. Bajo este modelo, toda persona debe estar inscrita a un prestador primario que asignará un médico con enfoque de salud familiar y comunitaria altamente resolutivo, y en las zonas de baja densidad poblacional podrán desarrollarse modelos diferenciados que se ajusten a las necesidades. 

También plantea algo novedoso: el Ministerio de Salud podrá impulsar el desarrollo de tecnologías sanitarias (producción de vacunas, medicamentos e insumos), para lo cual se dispondrá del 5% de los recursos del Fondo de Investigación en Salud (FIS). Además, se permitiría la posibilidad de promover y hacer alianzas con la empresa privada para tal fin.

Pero la reforma tiene sus críticos y contradictores. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas considera que esta no es una reforma sino un ajuste a mecanismos ya existentes. 

Otra agremiación, la Acemi, señala que el proyecto es inoportuno, porque distrae a los actores del sector en un momento clave de pandemia; innecesario, porque algunos puntos positivos del articulado, como el modelo de atención, no requieren de una ley; también es inconveniente, según Acemi, porque la extensión de competencias a la Superintendencia de Salud sobre inversionistas que no son actores del sistema de conglomerados desincentiva la llegada de capitales.

Finalmente, el proyecto contempla nuevos mecanismos de pago y contratación y el fortalecimiento de una política a favor del talento humano en salud que prohíbe la tercerización y se promueve la formación de especialistas de acuerdo con las necesidades. Que se prohíba y logre evitar la llamada tercerización está por verse. En nuestro medio, es frecuente recurrir a esta figura y a través de cooperativas que surgen de la noche a la mañana, se manejan los presupuestos y las nóminas de personal en los hospitales públicos y  puestos de salud.  

La reforma es urgente y necesaria. Pero hay que estar vigilantes de su tránsito por el Congreso. No sea, como en otras situaciones y eventos, resulte peor la cura que la enfermedad.