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Reforma a la salud

Ojalá sea cierto que las EPS deberán competir en calidad por los servicios que les prestan a los usuarios y que se retiren del sistema aquellas que resulten ineficientes.

Ahora que están de moda las reformas, aunque en sus títulos se trate de ocultar ese nombre por el de otros más sonoros, el Congreso de la República tiene en sus manos otro proyecto de gran trascendencia, cual es que busca hacerle cambios al sistema de salud en Colombia.

Lógicamente que el foco de la atención va hacia lo que pasará con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que en un principio ya no iban seguir con ese mismo nombre, sino que se les iba a denominar, de acuerdo con lo planteado en la iniciativa, como Aseguradoras en Salud. 

Pero finalmente en la ponencia para primer debate se determinó que seguirán llamándose así porque el cambio de nombre implicaría un proceso costoso, que imprime inestabilidad jurídica y financiera al sistema. 

Además se advirtió desde  distintos sectores que implicaría el desconocimiento de las obligaciones jurídicas que las EPS actuales tienen con diversos usuarios debido a procedimientos logrados por vía tutela, los cuales evadirían  al cambiarse su nomenclatura.

Pero lo que sí esperarían los usuarios y pacientes es que esas instituciones alcancen los niveles de eficiencia exigidos y que  dejen de ser simples intermediarios en el manejo de los recursos de la salud que muchas veces se quedan enredados en inversiones que no tienen nada que ver con la adecuada, oportuna y eficaz prestación de los servicios de salud a los colombianos, sin los tortuosos inconvenientes actuales.

Por ejemplo, dentro de los elementos utilizados como argumentación para plantear la necesidad de hacerle los cambios al régimen actual, se encuentra el de que  en Norte de Santander en promedio una persona se demora hasta 41,68 días para que le asignen  una cita con especialista, según el Ministerio de Salud, aunque por las denuncias y casos que se conocen ese tiempo de espera se queda corto. 

Por eso, ojalá sea cierto que las EPS deberán competir en calidad por los servicios que les prestan a los usuarios y que se retiren del sistema aquellas que resulten ineficientes, mediante la aplicación de un proceso de depuración progresivo que obligue a una mejor prestación de los mismos.

Para que eso funcione y no quede como una advertencia sin poder  de aplicación real, debe de ordenarse a la Superintendencia de Salud que aplique toda la normatividad que recientemente se le dio para dotarla de ‘dientes’ que realmente ‘asusten’ y hagan que las EPS cumplan la tarea o de lo contrario sean liquidadas.

Pero aquí el Congreso y el Ministerio de Salud deberán darse la pela para probar dejar cerrada cualquier posibilidad de que la reforma termine siendo una tabla de salvación para resolverles los problemas a las EPS, como señalan los opositores de la iniciativa.

Hay otro aspecto que llama la atención en esta iniciativa, como es el de construir un modelo de atención enfocado en el nivel primario, territorializado y con énfasis en la salud familiar, con capacidad resolutiva de más de la mitad de las patologías, estableciendo al prestador primario como componente básico del servicio de salud.

El otro asunto que va ganando adeptos, es el de incluir un articulado especial relacionado con la seguridad sanitaria para que Colombia no deba esperar a que la ataque otra pandemia o crisis similar al coronavirus para correr a tomar algunas medidas. Por ejemplo, allí se plantea que el país vuelva a tener la capacidad de producir  vacunas y que se adopten estrategias para impulsar el desarrollo científico y la capacitación de personal especializado.

Lo importante es que en la reforma que se quiera hacer no vaya a dejar por fuera opiniones y recomendaciones de las sociedades médicas, de la academia, de los científicos y de los pacientes, que merecen ser oídos.

Martes, 20 de Abril de 2021
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