Desde 2014, la Procuraduría General de la Nación y ciudadanos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lanzaron las primeras alarmas sobre los riesgos y peligros de esos territorios insulares de Colombia ante la arremetida de los huracanes, ciclones y tormentas de mar de leva que suelen presentarse entre abril y noviembre de cada año a todo lo largo y ancho de Centroamérica y el Caribe.
No más unos días antes del paso devastador del huracán Iota que arrasó a Providencia, la Procuraduría había reiterado sus alertas por lo que ahora está considerando abrir investigaciones formales contras las autoridades territoriales, a las que señala como responsables directas de la catástrofe que ha ocurrido, por su omisión y negligencia.
No es la primera vez y seguramente no será la última que este tipo de alertas no se tengan en cuenta por parte de los funcionarios correspondientes. Así pasa también con las masacres de campesinos y jóvenes que en forma recurrente nos estremecen y escandalizan.
Tan lamentables omisiones y desacatos hay que asociarlas a la imprevisión e irresponsabilidad de funcionarios y entidades públicas, lo que agrava las situaciones de desastres como las que estamos viviendo.
A raíz de los estragos causados por las lluvias en varios sectores de Cúcuta en estas columnas nos hemos referido a la problemática de las invasiones ilegales, de los asentamientos subnormales y de las urbanizaciones piratas, señalando el entramado de corrupción de su alrededor.
El pasado martes, este diario publicó un hecho que a muchos nos parece insólito: cuando se incorporaron a zona urbana los terrenos en donde, entre otras obras se construyó el conjunto residencial Los Arrayanes, en el Anillo Vial Occidental, dicha incorporación debió hacerse con el permiso ambiental de Corponor. Las inundaciones que afectaron ese conjunto de apartamentos causaron la muerte de dos personas, más de 250 familias damnificadas y millonarias pérdidas materiales.
De acuerdo con el informe entregado por el director de Corponor, Gregorio Angarita, la habilitación del suelo para la construcción de las viviendas fue adelantada por la Alcaldía y el Concejo de Cúcuta, haciendo uso del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, que dio facultades a los municipios para incorporar directamente al suelo urbano, áreas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como rurales, suburbanas y de expansión urbana, sin que se surtieran los procesos de concertación, para agilizar la materialización de los proyectos de vivienda.
Según el director de Corponor, el municipio de Cúcuta, mediante el Acuerdo 028 del 23 de julio 2012, incorporó al suelo urbano varios terrenos, entre los que se encuentra el área donde se construyó el proyecto de vivienda Los Arrayanes, el que hacía parte del Área de Expansión Urbana Integral El Rodeo – Minuto de Dios.
¿Cuántos planes de vivienda más como éste se levantaron en Cúcuta y su área metropolitana? ¿Quién les va a responder a los damnificados? ¿Qué hay de las investigaciones para establecer las responsabilidades pertinentes?
El director de Corponor fue también enfático en precisar que ante Corponor se adelantan los trámites para efectos de permisos de ocupación de cauce de ríos y quebradas y para poda y tala de árboles, pero las licencias de construcción las otorgan Planeación y la Curaduría Urbana.
