La mitad de los colombianos vive en el lugar equivocado, y en la mayoría de los casos, por razón del Estado. Y aún más grave: el 33 por ciento de las personas vive en áreas de alto riesgo de deslizamiento.
Todo se debe a que no hay planificación de nada, en un país en el que todas sus comunidades se asentaron donde mejor les pareció, sin ningún patrón, sin el más pequeño asomo de planificación. A la buena de Dios, diría el refranero.
Por eso, hay pueblos inverosímiles, como Marmato, en Caldas, donde casi es posible afirmar que cada casa está sobre un socavón del que durante muchos años se extrajo oro. Allí, cualquier deslizamiento hará que las víctimas se cuenten por decenas.
O ciudades como Cali, donde 55 por ciento es un conjunto de asentamientos irregulares, en zonas de inundación severa por razón de las crecientes periódicas del río Cauca, donde hubo necesidad de invertir cifras monumentales a fin de que el peligro se superara.
O como Medellín, cuyos cerros están plagados de desarrollos de vivienda que no ofrecen la mejor garantía para la seguridad de las personas. El caso del reciente del desplome escandaloso del edificio en el complejo Space, muestra que los errores de planeación no se generan únicamente en la espontaneidad de los invasores de tierras, causantes de numerosas tragedias, sino en actos de dudosa integridad de funcionarios planificadores y de constructores.
El riesgo no solo es porque en las poblaciones las autoridades miran hacia otro lado cuando los invasores roban tierras o algunos constructores levantan sus edificios donde la lógica indica que están equivocados, sino en el hecho mismo de ubicar un pueblo sin detenerse a analizar el medioambiente.
Fue el caso de Armero, una ciudad mediana relativamente bien planificada, en una rica zona plana del Tolima, en apariencia exenta de riesgos. Sin embargo, la erupción del volcán nevado de El Ruiz la borró del mapa. Históricamente, las erupciones habían devastado la misma zona, y había señales de ello. Pero, tercos, todos, incluidas las autoridades, creyeron que el peligro se había disipado con el paso de los siglos. Y no fue así.
Los pueblos y las ciudades de Colombia crecen de manera caótica, aunque en algunas partes se note el empeño oficial por implementar el mejor POT posible. Pese al Plan de Ordenamiento Territorial de Cúcuta, por ejemplo, persisten los constructores ilegales que pueblan los cerros a partir de invasiones de tierras que complementan con construcciones de edificaciones precarias.
Lo grave es que la autoridad municipal lo permite y, si se quiere, lo estimula con su inactividad, su negligencia y su apatía, y lo tolera con su incapacidad casi absoluta para recuperar los terrenos. Prefiere esperar, por ejemplo, la llegada de la temporada de lluvias, para brindar auxilio a los damnificados, en vez de haberse opuesto, con todo el poder de la norma legal, a la invasión y la construcción ilegal.
Según Planeación Nacional, los POT de primera generación, es decir, los que se elaboraron en los años 50, son los que mayores incongruencias ofrecen, pues carecen de la estructura básica y de los criterios técnicos y metodológicos suficientes para una adecuada planificación del ordenamiento del suelo urbano-rural de los municipios”.
Un buen POT —todos los municipios consideran que el suyo responde a las exigencias legales— debe delimitar los usos y la intensidad de ocupación del suelo, la infraestructura para el sistema vial y servicios públicos, las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, las zonas destinadas a la vivienda, el espacio público y los equipamientos.
Es importante, que las normas legales y los principios de planificación sean los privilegiados en el desarrollo de estos temas de tanta importancia para el futuro de las urbes, pues con ello se evitarían un sinnúmero de problemas con los que todos los días nos tropezamos en prácticamente todas las ciudades del país.
