Pretender una revocatoria del mandato en estos momentos, en Cúcuta y aún en otras ciudades capitales, es igual como saltar al vacío donde los resultados a todas luces pueden llegar a ser peores exponiendo a la ciudad a una innecesaria y calamitosa ingobernabilidad en medio de una nueva y feroz lucha por el poder local.

Resulta inconveniente porque 2020 no tiene comparación con nada en el siglo XXI, puesto que la pandemia del coronavirus golpeó y generó situaciones nunca vividas, que obligaron a operar bajo extremas condiciones y ajustar las acciones al ritmo de los acontecimientos.

Tampoco es entendible una revocatoria cuando el Plan de Desarrollo del actual mandato lo aprobó el Concejo en julio pasado, situación que en la práctica confirma que una evaluación a rajatabla del cumplimiento del mismo es imposible, puesto que la carta de navegación  empieza a hacerse notar históricamente a partir del segundo año, y eso, sin pandemia.

Políticamente, activar el mecanismo de participación ciudadana es toda una aventura que podría  terminar favoreciendo a viudos del poder en el municipio. Basta con entender las relaciones que en el pasado tuvieron los que hoy lideran estos procesos, quienes en su momento guardaron silencio ante manejos inadecuados, despilfarros y clientelismo de otras administraciones.

Esto sería como darles un segundo aire a las castas que en los últimos tiempos manejaron los hilos de la administración municipal y que en las elecciones de octubre de 2019 fueron derrotadas por 110.000 votantes que  decidieron darle el respaldo a Jairo Yáñez, bajo la premisa de recuperar la decencia, de acabar con prácticas de corrupción y de trazar un proyecto de ciudad con visión de largo plazo que nos permita trascender de los mismos problemas que por años nos han tenido estancados.

Desgastarnos en estas maniobras en las que como el cuento -el lobo no puede ocultar sus orejas-no traerá nada sustancial para avanzar en la superación de problemas como el hambre, la pobreza, el desempleo, la informalidad, la inseguridad, los cuales han empeorado significativamente tras el devastador efecto de la pandemia. Por algo han decidido en ese sentido los antagónicos uribismo y petrismo dar un paso al costado y no apoyar los intentos de sacar a los alcaldes de Cúcuta, Bogotá y Medellín.

Solucionar todo eso es muchísimo más importante que revocar, porque en medio del complejo panorama podríamos decir, sin exagerar, que apagar el incendio con gasolina no es la mejor opción y que hay otras salidas para enderezar el rumbo, puesto que las maquinarias políticas de siempre, serían las beneficiadas, y la gente quedaría con los mismos o peores problemas.

En concordancia con lo expuesto, resulta razonable lo dicho por la Red Nacional de Veedurías  de que antes de gastarnos o derrochar cientos de miles de millones en las elecciones de revocatorias como la que se pretende en Cúcuta, mejor invertirlos en la compra de vacunas contra el coronavirus, o para el caso nuestro, que el Gobierno Nacional haga con eso un fondo de emergencia para atender la calamitosa crisis social que padecemos.

No queremos con esto desconocer que la figura de la revocatoria es un derecho político, reconocido como tal, y al que pueden acudir los ciudadanos para ejercer un verdadero control sobre los mandatarios de turno, pero ante situaciones como las que enfrenta hoy la ciudad y el país, debería primar la sensatez, más que la politiquería.

Luego el verbo revocar, en la escala de necesidades de un cucuteño de a pie ni siquiera figurará, puesto que comer, trabajar y sobrevivir al duro día a día son más importantes que meterse en ese lío donde simplemente lo utilizarán, le darán una palmadita, una hallaca y un refresco, y lo dejarán en el olvido.