Medicina Legal en su informe sobre homicidios en Colombia reseña que entre enero y noviembre de 2021 ocurrieron en Boyacá 79 asesinatos, mientras que en todo el año en el municipio nortesantandereano de Tibú la estadística muestra 74 crímenes.
Comparando a ese departamento que tiene una población de aproximadamente 1.287.032 frente al territorio tibuyano con unos 13.600 pobladores, lógicamente que la sensación que se produce es que esa localidad del Catatumbo es de muy alto riesgo para la vida.
Y lo más grave es que la situación no cesa, porque en lo corrido de enero ya hay registrados otros tres casos de personas muertas violentamente.
Profundizando el ejercicio de contraste matemático, se advierte que esos 74 asesinatos en la zona tibuyana equivalen prácticamente a las estadísticas de muertes violentas en cuatro departamentos: 18 de Guainía, 42 de Guaviare, 3 de Vaupés y 13 de Vichada.
Es urgente que se le ponga una pausa a esta cresta criminal que se registra en aquella localidad donde por impacto del conflicto armado, la lucha territorial de los grupos ilegales, el narcotráfico y el contrabando, es decir, todas las ‘plagas de Egipto’ están presentes.
Al andar desatado el monstruo de la violencia nadie está a salvo en el otrora recordado municipio petrolero que ahora es punto de enfrentamiento del crimen organizado, cuyos actores no respetan los Derechos Humanos de la población civil ni tampoco el Derecho Internacional Humanitario.
Que un municipio tan pequeño desde el punto de vista de su índice de población, registre tan altas cifras de hechos violentos, que incluyen los hostigamientos y ataques contra fuerzas del Ejército y la Policía, es alarmante y necesita una reconsideración a fondo de la política que se ha venido aplicando para controlar estos problemas, que incluye el de alta presencia de cultivos ilícitos, que el Catatumbo cubren 40.000 hectáreas.
La población tanto nortesantandereana, como tibuyana y colombiana esperan que esa situación se controle y sea revertida, por tanto resultará de la mayor trascendencia escuchar, anotar y analizar las propuestas que para salvar la seguridad y rescatar al Catatumbo, planteen quienes aspiran a llegar a la Presidencia de la República.
Como uno de ellos entrará a la Casa de Nariño el 7 de agosto, es interesante saber si profundizará el Acuerdo de Paz en cuanto a la aplicación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos para cumplir las metas previstas. O también conocer si van a hacer una mezcla entre PNIS y erradicación forzada.
Igualmente conocer qué piensan los presidenciables sobre una eventual apertura de un diálogo de paz con la guerrilla del Eln que es en la actualidad un factor de violencia no solo en el Catatumbo sino a lo largo de la frontera. O si la determinación será de derrotarla militarmente.
Además, qué se plantea por parte de quienes aspiran a reemplazar al presidente Iván Duque para erosionar las estructuras financieras de los carteles mexicanos de la droga que evidentemente son un combustible de la violencia que se vive en la región y en otras partes del país. ¿Hablarán con el gobierno mexicano para definir estrechas acciones multilaterales contra el crimen?
Pero además, es fundamental que las gentes del Catatumbo sepan qué les ofrecen los programas que plantean los candidatos presidenciales en cuanto a programas sociales de agroindustria de empleo, de educación e infraestructura, los cuales son fundamentales en cualquier acción para salvar a Tibú y su entorno.
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