El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante, se lee en la Constitución Política en el artículo 315. Sin embargo, en Cúcuta ese liderazgo -no ahora sino desde hace mucho tiempo- se ha dejado de lado creyendo que todo se circunscribe a la dotación de motos, patrullas, unas cámaras, y ya.
Ahí ha existido una gran equivocación, por cuanto es el gobernante municipal junto con una poderosa Secretaría de Seguridad Ciudadana y un observatorio del delito, el que debe trazar la política pública para emprender las acciones operativas y preventivas, así como coordinar transversalmente con la institucionalidad local las tareas para derrotar la inseguridad.
Ese esquema sólido le permitirá a la administración tratar, a la luz de la efectividad y la conveniencia, el pedido a gritos que hace la gente para que el Ejército salga a patrullar, para reforzar a la Policía en la lucha contra el hampa. En el especial de seguridad ciudadana de La Opinión hay consideraciones de analistas que dudan que esa sea la salida, porque tal vez serviría en el corto plazo contra algunos delitos, pero a costa de afectar derechos y libertades.
Además, ese plan bien estructurado le facilitaría a la Alcaldía de Cúcuta, por ejemplo, coordinar con las autoridades nacionales para enfrentar el narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando de armas, que alimentan a la guerrilla y las bandas criminales que tienen en el casco urbano y en la zona rural, uno de los territorios de lucha.
Esta fortaleza llevaría a irradiar sobre los municipios del área metropolitana esa nueva estrategia en la que resultaría importante enfatizar en las políticas preventivas respecto a las reactivas, sobre la cual hay un ejemplo contundente expuesto por Rodrigo Serrano-Berthet, experto en seguridad ciudadana del BID: “Si se hiciera un gasto público inteligente, el mismo nivel de inversión actual podría prevenir un 30 % más de crímenes”. Luego la educación es una aliada que también debe ser fortalecida financiera y estructuralmente.
Recientemente se conoció la encuesta Mi Voz Mi ciudad, en la que a la pregunta ¿qué tan seguro se ha sentido en su barrio durante la cuarentena?, el 58,4% contestó que ‘inseguro’. Este recuerdo permite determinar que el insumo de las estadísticas es importante ponerlo en contexto, evaluarlo, desglosarlo y analizarlo para luego usarlo para afrontar la realidad que se está viviendo en el frente de seguridad.
Es que al tener esa gran radiografía con unas valoraciones y diagnósticos resultará más fácil proceder a poner en marcha los procesos entre los que debe estar un presupuesto robusto (ojalá con mucho respaldo nacional y departamental) y así consolidar la Secretaría de Seguridad, darle más dotación a la Policía en equipos tecnológicos como los drones, hacer inversión en inteligencia, pero también avanzar en asuntos como el programa de sustitución de cultivos ilícitos en los corregimientos.
Y como la ciudad está dentro del corredor que conecta al Catatumbo, el alcalde, como jefe de la Policía del más importante municipio colombiano en la frontera con Venezuela, debe decirle al Ministerio de Defensa que dónde está y qué pasó con el “Plan de seguridad fronterizo estratégico e interagencial” para impactar a los grupos armados ilegales que están haciendo daño a la población del área metropolitana, que se anunció en febrero del presente año.
Como vemos, la seguridad ciudadana no es únicamente simples operativos de presencia y control.
