Ahora nadie lo conoce. Así ocurría en el ámbito nacional con Pablo Escobar o los Rodríguez Orejuela, poderosos barones de la mafia. Esto pasa hoy en Cúcuta y Norte de Santander con el cuestionado empresario, ganadero y constructor Jensy Miranda Dávila, quien pagó una condena por narcotráfico, en España, y a quien le acaban de aplicar la extinción de dominio a bienes por $70.000 millones.
Pero mientras se acuerdan de él, hay algo muy grave sobre lo cual la justicia debe profundizar y actuar, como es la probable utilización de la contratación estatal para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, porque los tentáculos de Miranda o Ernesto, como le dicen, lo llevaron a ser un poderoso contratista en la región.
Entonces, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) tiene ahí una importante misión para desplegar en la ciudad, como es desentrañar hasta qué punto el dinero sucio se blanqueó para que parezca limpio, utilizando como ‘lavadora’ los millonarios contratos con la Gobernación y la Alcaldía.
Este organismo de inteligencia económica y financiera, que centraliza, sistematiza y analiza la información recaudada en virtud de las leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013, suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, no debe ni puede dejar pasar por alto este llamativo caso y proceder a dictaminar si hubo posibles operaciones de lavado de activos.
Pero, además, la Fiscalía (donde su titular Francisco Barbosa prometió ser el fiscal de las regiones) y la Procuraduría debieran conformar un equipo interinstitucional para que se vaya hasta lo más profundo de ese entramado de relaciones, financiaciones y contrataciones porque lo lógico es que la justicia brille y de verdad que por aquí en esta zona hace mucho tiempo que se espera que su actuación sea persistente y contundente.
Nada mejor para una sociedad como la nuestra, en donde la pérdida de valores, la corrupción, los negocios turbulentos y el montaje de empresas del crimen que permean los distintos estamentos, que ocurra una arremetida de las autoridades para el desmonte de esos imperios y para llevar ante los jueces a los responsables.
Poco a poco, este narcotraficante pedido en extradición por España, donde pagó una pena mínima –seguramente por beneficios de delación u otras maniobras-, lanzó sus tentáculos en las entidades públicas, por intermedio de los políticos que apoyó durante las campañas, quedándose con jugosos contratos, se lee en la nota publicada el jueves en La Opinión.
Eso de por sí, es un motivo suficiente para que los organismos investigativos hilen delgado y dictaminen qué pasó ahí. Cuando se trata de enderezar el rumbo, no importa que sea tarde, porque qué tal que estuviéramos encima de un gran caso ‘dormido’ de financiaciones con dineros de dudosa procedencia.
La opinión pública local reclama resultados, aclaraciones y precisiones, puesto que se considera que ha llegado el momento de que la verdad nos quite la venda de los ojos, puesto que la contratación estatal no debe seguir siendo un botín de algunas campañas políticas.
Luego esta extinción de dominio de bienes por $70.000 millones (que alcanzarían para pagarle al Hospital Erasmo Meoz los $60.000 millones que adeuda el Gobierno Nacional por la atención a los venezolanos), debe llamar a la reflexión sobre el emporio económico que se puede llegar a fundar a base de acciones al margen de la ley.
