El alcalde, César Rojas, dijo tener la seguridad de que sus dos funcionarios, la asesora jurídica, Lola Carvajal y el secretario de Hacienda, Telésforo Blanco, son inocentes. Obvio. Pero la Justicia será la que, finalmente, deberá determinarlo.

Creer en la rectitud de la Justicia colombiana es cada día más difícil. Son necesarios reiterados actos de fe para aceptar que las decisiones de los jueces están ceñidas al texto de la norma legal y no son producto de la pasión… o de la compraventa de conciencias.

Con los más altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia acusados de exigirles sobornos a sus procesados, con fiscales para la transparencia pillados delinquiendo como si se tratara de hampones de baja estofa, lógico es que la desconfianza sea la materia prima de la relación del ciudadano con los jueces.

Desde hace años, el servicio de Justicia se ha venido convirtiendo, día tras día, caso tras caso, en parte del patrimonio de los poderosos de todos los niveles, en propiedad privada de cuantos corruptos recorren las oficinas públicas y privadas que se relacionan de alguna manera con la necesidad estatal de contratar, en instrumento particular de funcionarios que deben administrarla mediante la aplicación rigurosa de la ley.

A ello ha contribuido la tendencia en los más prestigiosos bufetes de abogados, de convertir los procesos en espectáculos en los que solo ellos son los gananciosos, pues la publicidad que reciben les permite ver cómo crecen el monto de las tarifas de sus honorarios y su fama…

En Cúcuta se hizo público de manera sorpresiva un proceso penal contra algunos funcionarios públicos y empleados de una alianza privada, en la que está incluida la Iglesia católica, que contrató con el Estado la administración del Plan de Alimentación Escolar (Pae) del Municipio. Del contrato, por 19 mil millones de pesos, hay lío con 3.643 millones.

Hay cinco personas temporalmente en la cárcel, acusadas de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación, delitos típicos de la administración pública.

El alcalde, César Rojas, dijo tener la seguridad de que sus dos funcionarios, la asesora jurídica, Lola Carvajal y el exsecretario de Bienestar Social, Telésforo Blanco, hoy en la Secretaría de Hacienda, son inocentes. Obvio. Pero la Justicia será la que, finalmente, deberá determinarlo.

Todos los actos de la administración pública tienen responsables; así lo determinan las normas legales, que fijan derechos y obligaciones a cada funcionario. Sin embargo, es la administración la que tiene, en última instancia, la responsabilidad política de todo lo actuado. 

Y más allá de las implicaciones jurídicas y políticas que pueda tener este proceso para Cúcuta y sus ciudadanos, hay que tener en cuenta el mar de rumores sobre hechos de corrupción que presuntamente involucra a funcionarios y exfuncionarios locales. En este sentido, los actos de la Justicia permitirán darles validez a consejas y chismes, o descartarlos definitivamente.

Pero, para ello, hay que permitirle a la Justicia actuar libre y soberanamente, como debe ser, sin interferencias del poder, y con la confianza en que lo hará de manera correcta, aunque ello no sea suficiente para vencer el creciente escepticismo ciudadano respecto de lo que dicen que ocurre en esa rama del poder público en todo el país.

Solo queda formular una petición para que jueces y fiscales actúen en favor de lo único que debe preocuparles: una Justicia justa. Nada más.