Ahora que la Corte Constitucional tumbó la norma que les obligaba a los centros de diagnóstico a entregarles una póliza de seguros contra choques sin ningún costo a los usuarios, debe el país entrar en un debate sobre ese requisito.
Ya sabemos que ese es un trámite altamente evadido, la cifra promedio es del 57 por ciento, aparte de los certificados falsos y de los muy particulares casos en que los carros o motos pasan ese examen, pero en la calle al accidentarse se comprueba que estaban en condiciones deplorables.
El parque automotor, con datos del RUNT a 2022, es de 18 millones de vehículos, de los cuales 10.9 millones corresponden a motocicletas, mientras que 6.9 millones están en las categorías de automóvil, camioneta, camión, bus, buseta y volqueta, en tanto que 196.206 son de la categoría maquinaria, remolque y semirremolque.
Al ir un poco más al fondo de las citadas estadísticas, se advierte que de ese universo el 45 por ciento, o sea unos 8.2 millones de automotores tienen más de 10 años de uso, mientras que 3.7 millones están entre los seis y diez años.
Pero si continuamos ahondando, nos encontramos con evidencias que muestran estadísticamente son esos vehículos destartalados que dejan largas estelas de humo así como el parque automotor de servicio público antiguo, y como son las de cuatro millones de motos en pésimas condiciones y 52.000 buses, en el país.
Y de lo uno y de lo otro no nos escapamos aquí en la ciudad y por eso, teniendo presente que de todas formas ese compromiso contra la accidentalidad, la salud y la conservación del medioambiente, hay que subir los niveles de exigencia para que el requisito se cumpla.
Es decir, que se hagan operativos en los que la regla inflexible se cumpla: o tienen el certificado o el carro o moto va para los patios con su respectiva multa.
Porque recordemos que esa evasión tiene implícitos los accidentes que muchas veces pueden ser mortales. Luego la opción debe ser cero tolerancia por parte de las autoridades de tránsito.
Pero además, esto debe de estar acompañado por operaciones de control a los carros, motos y además vehículos que muestren su tecnomecánica al día, porque, qué tal que se escondan sorpresas.
Luego así como hay un aire de tranquilidad porque la Corte defendió la libertad de empresa, entonces también el derecho a la vida y al ambiente sano de los ciudadanos también debe ser defendido en igual medida en ese aspecto.
Y frente a esos altos niveles de incumplimiento es indispensable que el Ministerio de Transporte, los centros de diagnóstico y los gremios y con la participación de las autoridades locales tomen una serie de acciones para que en una especie de opción de zanahoria y garrote se lleve a que los conductores se acostumbren a acatarlo.
Lo cierto es que así la Corte haya eliminado ese seguro, ese fallo no puede llegar a interpretarse como el visto bueno para que los motociclistas o automovilistas continúen haciendo de las suyas y no revisen ni siquiera el vehículo en que se movilizan y los centros de diagnóstico ser más severos a la hora de entregar esos certificados y no admitir ni una sola falla.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
