Se imagina uno los pasajes del medio oeste estadounidense cuando los vaqueros zanjaban diferencias a balazos, bien sea dentro de las cantinas o en las polvorientas calles y hasta para ir al culto o a la misa, llevaban al cinto sus revólveres y en las monturas de los caballos los fusiles.

Permitir el porte de armas, en martirizadas regiones como el Catatumbo, la misma Cúcuta o Villa del Rosario que la pasaron muy mal en la época  de violencia extrema llevaría a transformarlos en zona de guerra, con las peligrosas y dramáticas consecuencias que para la misma seguridad acarreará.

Muy extraño, por decir  lo menos, que el excandidato ramirista a la Alcaldía, Jorge Acevedo, y los concejales electos Edison Contreras Rodríguez y Edwin Duarte Gómez estén promoviendo iniciativas como esa, de apagar el fuego con gasolina o enfrentar la violencia con más  violencia. Razón tiene lo dicho por el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila “si el argumento es que es para defenderse, es un argumento estúpido, porque lo que tendría que pedir un concejal es que haya más presencia estatal”.

El monopolio del uso de las armas sigue en cabeza del Estado y así debe permanecer, porque lo contrario llevaría a que en las calles proliferen, por ejemplo, los revólveres y las pistolas, lógicamente amparadas por los respectivos salvoconductos, podría degenerar en la violación del sagrado derecho a la vida de la mayoría ciudadana y también en el desbordamiento de los principios de los derechos humanos, conducir a la solución de cualquier problema a balazos, y a la exacerbación de la estigmatización y la xenofobia, poniendo a diversos sectores en riesgo de ser atacados en medio de esa planteada política del más fuerte, por parte de quienes al considerarse los ‘guardianes de la ciudad’ podría emprender en caso de autorizarse algo como lo reclamado.

Es muy grave que a una ciudad con tantos problemas económicos, sociales y migratorios le vengamos a añadir otro por la búsqueda de una presunta ‘seguridad’, al dejarla en manos de la ciudadanía, para que cada uno se defienda como quiera y como pueda en las calles. Jairo Libreros, otro experto, alertó que no hay nada que permita probar que un mayor número de armas portadas, garantice condiciones de seguridad.

Lo que uno supone de dirigentes que representan a un conglomerado y que en su recorrido político han tenido  oportunidad de participar en eventos electorales que le permite la democracia, es que acuda a los canales como la vigorización de la política pública de la seguridad ciudadana, incluyendo como elemento transversal la mitigación de los factores socio-económicos que inducen a la delincuencia.

Ninguno de los 40 municipios nortesantandereanos necesita a sus ciudadanos  armados. Lo que requieren son inversiones, proyectos sociales, universalización de la educación con calidad, beneficios para la generación de empleo, programas que garanticen el desarrollo sostenible en las zonas rurales, el cumplimiento del acuerdo de paz con las desmovilizadas Farc y la conservación y defensa de nuestros recursos naturales como el páramo Santurbán.

Hacer esto resulta, a la postre, en la construcción de la región que garantice los derechos fundamentales a sus ciudadanos dentro del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia. Por eso debemos decir: ¡Más armas, no. Más vida, sí!