Un asunto que requiere, según Ocde, atención inmediata y una consecuente reforma es el relacionado con la edad de jubilación, que pide igualar entre hombres y mujeres, además de incrementarla.
No es solo por la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), sino porque es necesario y oportuno que el mandato constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres termine de perfeccionarse en su práctica. Aún falta mucho para que en Colombia hombres y mujeres seamos, en verdad, iguales.
Es lo que, desde diferentes ángulos, han defendido y por lo que aún luchan las mujeres colombianas, con toda la razón.
Para la Ocde —organización donde están los países más poderosos en materia económica y a la que Colombia aspira a ingresar—, la economía colombiana necesita de reajustes, algunos de ellos estructurales, para seguir avanzando sin tener que soportar sobresaltos drásticos, como hasta ahora.
Un asunto que requiere, según Ocde, atención inmediata y una consecuente reforma es el relacionado con la edad de jubilación, que pide igualar entre hombres y mujeres, además de incrementarla.
Al respecto, en los últimos tiempos ha habido larga discusión en torno de la edad diferente para unos y otras, por razones no suficientemente explicadas a la luz de la normatividad legal colombiana.
Pues, ahora, el hecho de que Ocde recomiende igualarla e incrementarla, es imperativo si el país pretende, de verdad, ser aceptado en este club de mandamases económicos.
Si se aprueba la recomendación, y aunque sea difícil de aceptar, de ese modo habría un mejoramiento en el monto de las mesadas, pues mientras más amplia sea la base de lo aportado, más alto será la mesada.
Igualar la edad de hombres y mujeres para jubilarse dará, como consecuencia, paso a otros ajustes necesarios, como el de equiparar los salarios de ellos y ellas por hacer el mismo trabajo, y la modificación de la ley de cuotas, para que ya no haya 30 mujeres por cada 70 hombres, en los cargos de la administración pública, sino para que la proporción sea mitad y mitad.
Es lo lógico, en un Estado en el que la Constitución admite la igualdad como principio, y desarrolla el concepto de tal modo que la determina en relación con los aspectos más básicos del ser humano: sus ideas, su naturaleza, sus criterios.
Así, no puede sostenerse la ley de cuotas, porque no hay razón para que los hombres sean, por mandato legal, mayoría en la administración pública.
Pero, en el mismo sentido, tampoco cabe continuar manteniendo diferencias entre hombres y mujeres en relación con la edad de jubilación, pues actuar así desconoce el principio de igualdad.
La recomendación contradice la opinión mayoritaria de los colombianos, que se oponen a que a las mujeres se les exija más años de aportes para tener derecho a recibir una pensión. Pero, en una situación como la del sistema de pensiones, que camina en forma acelerada hacia su colapso, la medida parece correcta.
Desde luego, son cambios en los que toda la sociedad debe decidir.
Porque en el trasfondo está la pregunta de por qué ante la Constitución y las leyes, todos los colombianos somos iguales para todas las situaciones, pero no para la de la jubilación. A esto no se ha respondido con claridad suficiente.
