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Sábado, 22 de Septiembre de 2018
En este caso de la paz en juego, no puede haber ni disculpas ni recortes. 

Ya está: la plata destinada para financiar la implementación de los acuerdos de paz con las Farc no alcanzará. Son 129,5 billones de pesos para 15 años, pero, según parece, se requieren unos 200 billones.

Según el órgano de control, solamente la reforma rural integral, uno de los asuntos más debatidos en los diálogos de La Habana, y relacionado con el que es, tal vez, el principal problema social de Colombia, costará 110,6 billones de pesos, según lo señalado en el presupuesto.

Al respecto, la Contraloría general advierte que “particularmente en el caso de la Reforma Rural Integral, el programa integral de sustitución de cultivos y el fortalecimiento de las medidas de reparación integral de víctimas, ese presupuesto no es suficiente”.

El problema es que hay que cumplir con lo pactado. Es un compromiso no del gobierno que se fue, ni del que está, sino del Estado mismo, es decir, de todos los colombianos, y el mundo entero fue testigo de todo. No parece haber forma de eludirlo sin generar situaciones difíciles, quizás imposibles de superar si se dan…

Según el mensaje de la Contraloría al Congreso, es ineludible que se añadan al presupuesto por lo menos 76,02 billones de pesos, para cubrir el déficit de entre 0,4 y 1,1 por ciento del Producto Interno Bruto (Pib) que, sin duda, surgirá si no se completa todo el dinero necesario.

El mensaje fiscal reconoce lo complejo que ha sido “la implementación de un acuerdo tan amplio y ambicioso”, así como el gran esfuerzo que hemos hecho todos los colombianos para mantenerlo, pero insiste en que se debe buscar soluciones a los problemas presupuestales futuros.

El documento incluye un tranquilizador estudio, que deja sin piso todos los comentarios surgidos en torno del uso de los recursos destinados para las zonas veredales donde se concentraron los antiguos guerrilleros, “que hoy son espacios territoriales para capacitación, reincorporación y normalización” de esas personas, y dice que no ha habido pérdidas, es decir, que el dinero destinado para esas actividades se ha usado de manera correcta.

En este caso de la paz en juego, no puede haber ni disculpas ni recortes; no es solo el compromiso de cumplir: es el de no ceder en el empeño de consolidar la paz por encima de otra consideración. Ya todos los colombianos sabemos cómo es no vivir en estado de guerra: no hay muerte, no hay sangre, no hay dolor, no hay rabia, no hay venganza.

¿No es este, así, un mejor estado? Si lo es, ¿por qué no entregar a ese fin los recursos necesarios? Esta es una situación en la que los interesados, que es decir todos los colombianos, debemos poner.

Una forma de encontrar recursos quizás sea la de reducir el presupuesto del ministerio de Defensa. Al fin y al cabo, si hay no hay guerra, ¿qué necesidad hay de seguir entregándole los recursos de antes?

Es mucho dinero, el que hace falta, según la Contraloría, para financiar los programas de consolidación de la paz. Pero, también, es mucha la necesidad que tiene el país, de que la paz llegue por fin. AL fin y al cabo, ya se sabe cuánto cuesta.