Nuestra frontera sigue convertida en área preferida para las organizaciones delincuenciales, no solo de aquellas que intentan imponerse a sangre y fuego para tratar de dominar hasta el movimiento de una hoja, sino de otras igualmente temibles, porque los humanos son su mercancía.
Así como ya se descubrieron quienes fueron aquí los que hacían parte de la red de venta de recién nacidos para ser enviados a Europa, debe la Policía y la Fiscalía acudir a la Interpol y sus similares en el mundo para desbaratar los tentáculos en el exterior de ese comercio criminal.
Hay que destacar la labor investigativa desplegada para seguirle el rastro a estas estructuras que de acuerdo con lo que se ha sabido aprovechaba las precarias condiciones económicas en que las migrantes procedentes de Venezuela llegan a Colombia, para negociarles los bebés que luego son vendidos en otros países.
Ahí se tipifica la trata de personas, que internacionalmente es considerado como un delito grave, razón por la cual ni la casa por cárcel ni mucho menos los beneficios de ninguna naturaleza deben darse a quienes actúan de esa manera.
El protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños de 2000, y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, aparecen entre los principales documentos internacionales que hacen referencia a este tipo de situaciones que ahora nos estremecen y llaman a repudiarlas y denunciar los hechos semejantes que se conozcan.
Lastimosamente los traficantes se aprovechan de cualquier debilidad que exista para desde ahí construir su estratagema que les permita llevar a cabo su operación criminal, asunto que debe llamar a la reflexión del Bienestar Familiar y de Migración Colombia.
Es necesario que ambas entidades en esta parte de la frontera establezcan una estrategia informativa y de sensibilización social, para proteger a las migrantes embarazadas en situación de riesgo de caer en manos de dichas redes al igual que en la misma Cúcuta y otros municipios para cerrarle el paso a delito.
Porque hay un asunto evidente, si esto ocurre con las mujeres que pasan el río Táchira para huir de la situación en su país, no sería raro que los ‘mercaderes de bebés’ hayan hecho intentos similares con mujeres gestantes en nuestra región, vulnerables por las dificultades económicas y de desempleo.
Y el negocio con los bebés resultaba absolutamente rentable para quienes fueron descubiertos (aunque por ahí debe haber otros haciendo lo mismo), ya que eran comprados hasta en $5 millones y en Europa los vendían en 10.000 o 12.000 euros.
Es decir, recibían casi diez veces más el precio al que se lo negociaban a la madre que aceptaba venderlo, hecho sin duda violatorio de los derechos humanos, puesto que está prohibido el comercio de hombres o mujeres como si fueran mercancías o se tratara de esclavos, como ocurría en otras épocas.
Resultan muy dolorosos hechos de esta naturaleza y más que Cúcuta aparezca en esa ruta del comercio ilegal y criminal de recién nacidos que son entregados a otras familias en el extranjero con documentación falsa para saltarse todas las normas de los procedimientos de adopción.
Solo habrá que esperar que el peso de la justicia caiga con todo su rigor y que los gobiernos sigan avanzando en sus políticas internas y en convenios internacionales para cortarle las alas a esa peligrosa trata de seres humanos, que mueve un botín millonario.
