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Valla panfletaria

Sábado, 22 de Enero de 2022
Y si metafóricamente usamos la palabra metástasis para describir lo que están padeciendo los 37.000 habitantes de Tibú, bien podríamos decir que la situación de orden público está fuera de control.

Metástasis. Esa es la dolorosa palabra que al salir de los labios del médico especialista y escuchada por el paciente o sus familiares, significa que se ha llegado a la fase en que el cáncer empezó a invadir el cuerpo.

Y si metafóricamente la usamos para describir lo que están padeciendo los 37.000 habitantes de Tibú, en el corazón del Catatumbo,   bien podríamos decir que la situación de orden público está fuera de control.

Las pruebas abundan. La última ocurrió con el montaje por parte de las disidencias de las Farc de una pancarta en la que amenazan con atacar a quienes no cumplan las ‘instrucciones’ descritas en ese gran panfleto colgado en el puente del río Tibú, a la entrada del pueblo.

Ese es un escalamiento muy peligroso de esa especie de la ‘autoridad que a sangre y fuego’ llegan imponiendo las organizaciones al margen de la ley que se creen amos y señores de los territorios que supuestamente han conquistado.

Y en ese aspecto, Tibú vive una repetición lamentable de los hechos que ocurrían en aquellas no menos sangrientas épocas de la influencia guerrillera y paramilitar, previas a los acuerdos y desmovilizaciones de uno y otro.

Hoy, como en aquel temible pasado que volvió como un fantasma, como lo vimos cuando las disidencias se llevaron a dos niños que estaban robando en un almacén y después los mataron para disque ‘dar ejemplo’.

Eso se tratar de volverse ‘jueces’  poniendo en el escarnio a los ‘ladrones’ o ‘jíbaros’ y hasta arreglando cuestiones de familias y vecinos, finalmente tiene desenlaces muy peligrosos como el señalado en la valla, donde ahora pretenden  ser ‘autoridades de tránsito’ y emisores de actos administrativos para regular el comportamiento ciudadano. 

Hay otra situación que está tendiendo a volverse en asunto de ocurrencia diaria, como es el hostigamiento tanto a la Policía como al Ejército, que el año pasado sumaron más de 40 ataques contra la Fuerza Pública, aparte de los que se han registrado en lo corrido de 2022.

Las cifras siguen aflorando para hacer ver como el cáncer de la violencia se ha regado por las calles, barrios y veredas, donde como sucede en gran parte del territorio catatumbero, las organizaciones armadas ilegales, los carteles mexicanos de la droga y las bandas criminales se dan como las 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos que existen allí.

Se trata de los 74 homicidios que ocurrieron en el municipio tibuyano en 2021, que con ese índice está encabezando las estadísticas de violencia y de amenaza contra la vida no solamente en Norte de Santander sino en el país, porque supera con creces a municipios de más de 100.000 habitantes y hasta de muchos departamentos.

Y no olvidemos otro aspecto  grave, que incluso puede acarrear fuertes impactos económicos en una eventual paralización de las actividades en 56 pozos petroleros, como son las acciones delincuenciales contra Ecopetrol, como el secuestro, el robo de combustible y de vehículos y hasta la desaparición del camión apaga-incendios.

El anterior coctel explosivo, que tiene como aderezos el desplazamiento de familias, las amenazas y crímenes contra las mujeres y los ataques contra los menores de edad, lastimosamente ha llevado a que la población tenga no solo la percepción sino la temible realidad de que en el Catatumbo quienes imponen las leyes son los grupos ilegales.

Y en ese panorama quedan rondando dos preguntas que ojalá alguien resuelva: ¿para qué ha servido el constante envío de tropas a la zona? ¿Será que el modelo de seguridad para el Catatumbo fracasó?

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