Cúcuta completa dos meses sin que entre a funcionar un elemento ligado estrechamente a la garantía del derecho a la educación en los colegios públicos, como es el Plan de Alimentación Escolar (PAE) para 78.020 estudiantes.
Por esa razón, en miles de hogares de bajos recursos económicos, los angustiados padres de familia en medio de la pobreza hacen hasta lo imposible para mitigar el hambre de sus hijos, pues aunque en la Alcaldía o la Secretaría de Educación no lo entiendan, el PAE es para muchos de esos niños el alimento básico de su dieta diaria.
En una ciudad con un cuadro socioeconómico marcado con indicadores del 44% de hogares a los que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades mínimas y con una pobreza extrema del 20%, no se entiende por qué los tecnócratas del gobierno municipal siguen tratando de ahorrarse centavos en algo vital como es el PAE para los niños que tienen derecho a ese beneficio.
La rigidez cuadriculada de la economía y la regla fiscal no pueden hacerle olvidar a la administración local que aquí de lo que se trata es de un gasto público social dirigido nada más y nada menos que a mitigar el hambre para que los beneficiarios puedan estudiar dignamente.
Y el PAE, como gasto social que es, no puede ser tratado como una licitación para pavimentar unas calles o para construir unos parques, porque cada día, semana o mes de retraso lo que finalmente puede llegar a provocar es una deserción escolar, porque ese alimento no es un lujo ni un regalo o un subsidio, sino una obligación del Estado.
Hay que entender el momento difícil que vive el país en materia inflacionaria que golpea con dureza el precio de los alimentos como lo certifica el DANE, lo admiten los gremios y lo padece la gente al ir a mercar, y por tal motivo dejar de lado el excesivo rigor para la negociación del valor de la ración.
Ya han sido suficientes las excusas y por tal razón llegó el momento de actuar poniéndose en los zapatos de esas familias que no la están pasando nada bien y proceder, en consecuencia, a revisar y mejorar las ofertas hacia topes que lleven a romper el cuello de botella que ha impedido activar este programa y que garantice una buena ración para los estudiantes.
En ese sentido, para el contrato del Plan de Alimentación Escolar en 2022 el Concejo le autorizó a la Alcaldía $37.447 millones que, mezclado con los dos meses que ya han pasado, le dan un margen de maniobra al municipio para pagar un poco más, sin temor a ser tildado de manejo irregular o corrupto.
Cuando se trata del cumplimiento de la función social del Estado, la medición de los resultados incluyendo la utilización de los recursos económicos para lograrlo, se hace desde la óptica de la solución del problema y no por unos indicadores de economía, que al final terminan empeorándolo todo, como lo estamos viendo.
Tienen razón en sus quejas los padres de familia, porque no tiene presentación que sabiendo la importancia del PAE, ya estemos a las puertas de la Semana Santa y nada que ocurre el milagro y en cambio sí está acrecentándose una sensación de malestar y de descontento en la ciudad.
Una nueva declaración de desierto el concurso no sería de buen recibo, la posibilidad de la moción de censura contra la secretaria de Educación en el Concejo de Cúcuta quedaría servida en bandeja de plata y los 78.020 estudiantes beneficiarios seguirían en ascuas en medio de esta crisis en que ha caído el cierre de esta contratación.
