La peor modalidad de transporte en el Área Metropolitana (AC) de Cúcuta es la escolar. Con ellos se violan todos los reglamentos legales, y ninguna autoridad se preocupa. Es como si en los órganos de poder encargados de vigilar el transporte no hubiera padres o madres.

Ningún vehículo está exento de estar involucrado en un accidente. Y si es en Cúcuta, con mayor razón, porque ni el Estado ni su concesionario ni la Policía ni nadie controla la movilidad: el Municipio, porque dice que para ello están la Policía y el concesionario; la Policía, porque dice no tener agentes suficientes, y la empresa concesionaria, porque no ha comenzado a funcionar, pese a que ya se cumplieron cuatro meses del contrato.

Y en los demás municipios del Área Metropolitana las cosas son peores. Para la muestra, el accidente del lunes pasado, en una calle de Los Patios, que dejó 17 niños, la conductora y una transeúnte heridos, por fortuna, ninguno de ellos de gravedad.

El caso es la síntesis de todo lo que no se puede permitir en el transporte, y menos en el de niños, por la negligencia absoluta y reiterada de las autoridades, la irresponsabilidad de los papás, y la actitud rayana en lo criminal del ‘empresariado’ del transporte metropolitano.

El vehículo no estaba autorizado para el transporte escolar, que exige varios requisitos ineludibles, como adulto diferente del conductor para cuidar a los niños, señales y luces especiales, medidas de seguridad para los escolares, velocidad baja, respeto irrestricto a toda señal de tránsito, conductor idóneo (no sirve cualquier persona), y seguros por accidentes de tránsito y de responsabilidad para terceros…

La verdad es que el microbús accidentado, en el que viajaban más pasajeros de los que permite, legalmente no existe en Colombia. Tiene placas venezolanas, y muy posiblemente fue introducido a Colombia de contrabando; sus llantas estaban lisas en el momento del accidente, la conductora carecía de seguros y, además, los testimonios señalan que el accidente fue su responsabilidad, pues no respetó la prioridad de los vehículos que cruzaban.

El caso de este vehículo trasciende por razón del accidente. Pero hay cientos de otros vehículos en toda la región que transportan niños como si fuera chatarra: sin el menor cuidado. A los colegios, los escolares llegan hasta de a tres, montados en una moto conducida por un irresponsable. O en taxis en las que empacan hasta a 10, como si se tratara de un tarro de salchichas. Y ante la mirada de los policías que, por ejemplo en la avenida 4 con calle 16, controlan el cruce de vehículos.

A esos policías, a todas las autoridades, comenzando por las escolares, a los papás, a los transportadores, a los ciudadanos en general, la suerte de los niños cuando van o vienen de la escuela no les interesa. Y a propósito, ¿por qué Bienestar Familiar no interviene, si es la seguridad de los niños la que está en peligro?

Si de lo que se trata es de esperar una tragedia, para hacer cumplir todas las normas, todas, no unas nada más, relacionadas con el transporte escolar, es muy posible que en las actuales circunstancias, ese deseo se cumpla…