Tal vez lo único que quedó bien hecho en el negocio para dictar inglés, fue el aviso de Niu-Telco pintado en la edificación donde quedarán sus oficinas. De resto, la oscuridad jurídica y contractual cubre con densas sombras el contrato interadministrativo de $11.998 millones entregado por la Gobernación de Norte de Santander a esa firma, que al final activó una medida cautelar de la Procuraduría para suspender temporalmente al gobernador William Villamizar.
Sería muy grave que aquí haya operado la adjudicación a dedo con dosis adicional de favorecimiento, porque hasta el Ministerio Público, en el primer sondeo, no encontró por parte alguna que se haya actuado como lo ordena la ley.
Realmente costaba casi $12.000 millones. Todos queremos que den a conocer otras ofertas, públicas y privadas. Y que se pruebe que Niu-Telco era la única experta en dictar inglés, pero además, hasta especialista en crianza de peces. ¡Empresa supermultifuncional! Pues el otro contrato cuestionado por la Procuraduría se refiere al “desarrollo de la Acuicultura continental para el departamento Norte de Santander”, en el cual se involucra también a la Universidad UFPS y a la de Cartagena.
Los hechos, en el contrato de enseñanza del inglés, apuntan a que ni siquiera se les llamó, convocó o invitó, como muy bien lo deja demostrado la Procuraduría cuando notificó: “no habría tenido sustento en un estudio de mercado y análisis de costos (…)”. Este será uno de los aspectos de la investigación abierta por el organismo disciplinario, que ha insistido reiterativamente en la urgencia de suspender el contrato, que enredó al gobernador Villamizar Laguado.
Hoy, lo importante es que el foco que le puso el ente de control a nuestra región, es que ayudará a develar el misterio sobre el por qué Niu-Telco se convirtió en la ‘niña consentida’ de la administración departamental en el campo de la contratación, porque al hacer cuentas de lo que hasta ahora ha salido a la luz pública, esa compañía ya está realizando contratos por cerca de $39.000 millones.
No es que se cuestionen las contrataciones, lo que causa preocupación es la forma en que estos procesos se montan y que al ser comparados con la normatividad pueden resultar lesivos a los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Es lógico que un segundo idioma ayudaría mucho a la región para mejorar en los índices de competitividad, pero lo realmente ilógico es que la educación sea utilizada como una caja para sacar recursos que podrían terminar desviándose en el camino y no estar favoreciendo a las mayorías, sino a unos pocos.
Lógicamente habrá que escuchar a las partes. Pero ya Villamizar Laguado, cuando no quiso atender el pedido de la Procuraduría de congelar el negocio del inglés, alegando que todos estaba en orden y apegado a la ley, parece que eso no es así, porque la institución investigadora está muy alarmada con lo ocurrido, y como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae.
Lo peor de todo esto será el daño colateral que va a impactar a los futuros proyectos nortesantandereanos que busquen dineros de las regalías. ¿Será fácil volver a traernos recursos de esa bolsa? Ahora sobrarán las talanqueras, porque el nerviosismo generado por el ‘síndrome Niu-Telco’ provocará que los tecnócratas de los ministerios y de Planeación Nacional, nos pongan bien atrás de la lista porque no querrán más escándalos como el actual.
