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Zona rural en peligro

Martes, 14 de Septiembre de 2021
La triste realidad habla que hace falta mucho por hacer o que se deben revisar las estrategias en marcha para no perder nuestros queridos corregimientos cucuteños.

"Porque acá no les podemos garantizar que están seguros. La situación con los grupos armados está muy grave. En Cúcuta hay un albergue esperándolos, donde podrán estar por tres meses, mientras que las cosas se calman”.

Así se los dijo la secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz de  la  Alcaldía, Elisa Montoya, a las personas amenazadas en Pacolandia La Punta, El 25, La Arenosita y Puerto León, entre otros caseríos de Banco de Arena, a quienes hombres armados les ordenaron dejarlo todo o de lo contrario les arrebatarían sus vidas.

Que un desplazamiento de esta naturaleza ocurra en la zona rural de una capital de departamento, que en este caso es la más importante de la frontera colombo-venezolana, y que alguien de la institucionalidad admita que la situación de orden público pareciera estar fuera de control, constituyen un panorama de extrema gravedad.

En primer lugar, que los grupos armados ilegales, busquen imponer a la brava su poderío en lugares situados a menos de una hora del centro de Cúcuta, es un desafío directo a la capacidad del Estado para hacer valer su presencia y control en el territorio.

Varios desplazamientos masivos como el recientemente ocurrido, el aumento del 14 % en los homicidios, tres líderes sociales asesinados y dos atentados contra miembros de la Fuerza Pública, hacen parte del panorama de desestabilización que se registra en  la parte de la zona rural cucuteña que tiene un cordón umbilical con el Catatumbo y que está pegada a la frontera con Venezuela.

Border Lab en un reciente análisis, mostró que ese punto de la geografía cucuteña “el aumento de la violencia ha sido permanente”, puesto que allí debemos recordar hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del Eln.

En segundo lugar, ese panorama de creciente conflictividad inatajable ha sido advertido por la misma Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 035-2020, donde hizo referencia a las hostilidades de las Aug y el Eln en Banco de Arena así como a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

En ese sentido, la dramática situación se ve reflejada en uno de los testimonios que La Opinión recogió en aquella martirizada región que en el pasado estuvo bajo el régimen impuesto por la banda criminal de Los Rastrojos.

Un campesino que pidió el anonimato relató: “La cosa es tan fregada que nosotros recibimos amenazas de uno y de otro grupo ilegal. Si uno tiene cultivos para un lado y están los ‘paracos’, la guerrilla nos señala de ser colaboradores de ellos, pero si nuestro trabajo está para donde se la pasan los del Eln, entonces los otros dicen que somos de la guerrilla, y así vivimos nosotros, ya no podemos ni salir a trabajar tranquilos”.

En ese descriptivo testimonio aparece un elemento adicional que como en el Catatumbo, es el combustible que inflama el conflicto: los cultivos de coca y la producción de cocaína. Lastimosamente, Cúcuta figura en el mapa de los cultivos ilícitos con 700 hectáreas de hoja de coca y laboratorios para el procesamiento del alcaloide cerca de territorio venezolano.

Desde las esferas del Estado se dice que hay programas de diversa índole tanto para la sustitución de los sembradíos como para procurar mejorar las condiciones de los habitantes y que la Policía y el Ejército golpean permanentemente a las organizaciones al margen de la ley.

Sin embargo, la triste realidad habla que hace falta mucho por hacer o que se deben revisar las estrategias en marcha para no perder en medio del mar de coca y de la sangrienta violencia a nuestros queridos corregimientos cucuteños.

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La opinión
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