“El Central Azucarero del Táchira (Cazta) será el mejor de Latinoamérica. Vamos a trabajar para reactivar la producción y superar los indicadores históricos”, aseguró este fin de semana la ministra Iris Varela, durante una visita a las instalaciones donde esta empresa, ubicada en la población de Ureña, en el estado Táchira, tras anunciar que para ello se utilizará “mano de obra penitenciaria”.
Cazta, una empresa que originalmente pertenecía a empresarios colombianos, y considerada en su momento una de las más importantes industrias de la zona de frontera por la generación de más de 9 mil empleos directos e indirectos y la cadena productiva que implicó el aprovechamiento del cultivo de la caña de azúcar. Fue expropiada en el año 2010, durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Actualmente, la estructura se encuentra prácticamente paralizada y los cultivos de caña de azúcar en la zona fronteriza han sufrido un declive importante.
El anuncio de la ministra Varela generó inmediatas reacciones por parte de vecinos, comerciantes y autoridades locales. El alcalde del municipio Pedro María Ureña, Jhon Carrillo dijo estar seguro de que “el impacto que esto va tener, será muy positivo, tanto para nuestra gestión, como para el pueblo que reside en esta zona fronteriza, y para el fortalecimiento de este proceso revolucionario”.
Ciro López, representante de los cañicultores de la zona que se reunieron con la ministra, explicó que en esta zona se han ido perdiendo áreas de cultivo. “En un momento se llegaron a producir 90 mil toneladas anuales, pero esa cifra ha ido descendiendo”, indicó al tiempo de agregar que es necesario instalar sistemas de riego para impulsar el cultivo y volver a esos niveles de producción.
Otros sectores se muestran más escépticos. El concejal del municipio Bolívar, Carlos Chacón, destacó que el uso de reclusos como mano de obra genera un doble problema, el económico y el de seguridad.
“Por una parte se deja de lado a la mano de obra local, el central azucarero era uno de los principales empleadores de la zona fronteriza, no sólo de Ureña sino también de San Antonio y su inactividad durante tantos años ha constituido un duro golpe para muchas familias; el que ahora se pretende reactivar con mano de obra penitenciaria, nos devuelve a la época de Juan Vicente Gómez, cuando se explotaba a los presos en la construcción de carreteras; y peor aún, le niega oportunidades de trabajo a cientos de familias honestas de la frontera y ubica en una zona controlada por bandas criminales, a una gran cantidad de convictos de quienes no conocemos ni los delitos por los que fueron procesados ni sus niveles de peligrosidad, lo que representa un riesgo para las comunidades fronterizas”, argumentó.
