A partir del cierre total de fronteras que se hizo efectivo en la madrugada del 20 de agosto de 2015, más de 22 mil personas fueron expulsadas de Venezuela, cruzaron por las trochas con sus enseres al hombro protagonizando el mayor éxodo de la historia latinoamericana.
Aún hoy, cuatro años después, esperan respuestas por parte de la justicia nacional e internacional, por las violaciones a sus derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad contra ellos cometidos.
La mayoría son colombianos que llevaban largo tiempo residiendo en las adyacencias de la ribera venezolana del río Táchira y quienes fueron desalojados de sus viviendas y obligados a abandonar el país de forma inminente, tras lo cual sus casas fueron demolidas por las autoridades venezolanas.
Adriana Barragán, en representación de las personas deportadas, recordó que las dificultades que enfrentan quienes se vieron forzados a huir hacia Colombia son muy grandes y agregó que son aún mayores para quienes tienen nacionalidad venezolana.
En este sentido rechazó el crecimiento de la xenofobia y solicitó a las autoridades igualdad en el acceso a los servicios de salud, viabilidad para que los venezolanos descendientes de colombianos tengan la oportunidad de legalizar su situación en el país con los mínimos trámites necesarios y protección para las víctimas de los delitos de lesa humanidad que se han visto forzados a salir de Venezuela, con mayor apoyo económico para el establecimiento de microempresas que les permitan ser autosuficientes.
El exdiputado tachirense y defensor de derechos humanos Walter Márquez recordó que, durante el inicio del cierre de frontera, fueron víctimas de deportaciones forzosas, desplazamientos y destrucción de sus viviendas unas de 22.200 personas, de acuerdo con cifras la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNERD), y del Registro Único de Damnificados (RUD).
Márquez habló de “revictimización”, pues asegura que estas familias fueron víctimas no sólo de la represión del gobierno de Nicolás Maduro, además de la impunidad en Venezuela, la impunidad en Colombia y en la Corte Penal Internacional (CPI).
“Debemos recordar que luego de las deportaciones forzosas en agosto de 2015 se investigó y documentó este hecho, se consignó una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público en el Táchira, que fue elevada al Ministerio Público a nivel nacional, que desestimó todos los argumentos y lo envió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual en octubre de 2016 cerró esa investigación”.
Márquez agregó que posteriormente se hizo la denuncia en Colombia en el 2017 y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también cerró esta investigación alegando que Nicolás Maduro tenía inmunidad y privilegios como jefe de Estado, cuando el Estatuto de Roma de la CPI prohíbe este tipo de privilegios para quien cometa crímenes de lesa humanidad.
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"Por su parte la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de manera negligente e irresponsable también desestimó los argumentos, por lo tanto un hecho que es público, notorio y comunicacional de las deportaciones forzosas como lo estableció una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, se convirtió en una gran impunidad nacional e internacional, por lo que al cumplirse estos cuatro años estamos exigiendo justicia y la reapertura de la frontera”, apuntó.
Nuevas pruebas, a La Haya
Walter Márquez recordó que con un grupo de académicos y representantes de frontera enviaron una comunicación a nombre de Alianza Fronteriza, organismo bajo su coordinación, y junto con Leonardo Méndez, de Fronteras Abiertas del Norte de Santander, solicitaron tanto a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), como a Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que intervengan.
Solicitaron a estos organismos investigar los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos ocurridos durante el cierre de frontera, la impunidad de instancias nacionales e internacionales sobre el caso y que exijan la reapertura definitiva del paso por los puentes internacionales.
"También los Comité de Víctimas de Deportaciones Forzosas están exigiendo que se haga justicia, por lo que el próximo 1 de septiembre viajaremos a la CPI en La Haya a fin de consignar nuevas pruebas que ratifican de manera irrefutable los crímenes de lesa humanidad cometidos por las deportaciones forzosas, desplazamientos forzosos y la destrucción de viviendas en barrio La Invasión en San Antonio del Táchira", indicó.
Walter Márquez aseguró que continuarán pidiendo el juicio y la condena a cadena perpetua de Nicolás Maduro y de quienes fueron cómplices en este cierre fronterizo.
