Aunque el panorama en Colombia sobre los homicidios, en lo corrido de este 2020, tiende a la baja en las cifras comparadas con el año anterior, en cinco ciudades han aumentado. La particularidad es que cuatro son fronterizas, entre ellas Cúcuta.

La capital nortesantandereana junto con Quibdó, Mitú, San Andrés y Mocoa son el quinteto de capitales con aumento en sus tasas de homicidios, según las cifras aportadas por la estadística delictiva de la Policía Nacional, entre el primero de enero y el 18 de agosto de este año.

La capital del Chocó, departamento que limita con Panamá, reportó 93 muertes violentas en dicho periodo, 47 más que en 2019. 

Aunque en Mitú (Vaupés), frontera con Brasil, solo han ocurrido 4 homicidios en este año, está entre las ciudades que arrojó un 100% de incremento al presentarse 2 homicidios más que en el año anterior.

En la isla de San Andrés han asesinado a 19 personas, seis más que en 2019, cuando solo ocurrieron 13 casos.

Mocoa, la capital del Putumayo, ubicado al suroeste y que tiene límites con Perú y Ecuador, se quedó con el 25% de aumento, tras presentar 5 hechos de homicidios, uno más que en 2019.

Panorama en Cúcuta

Cúcuta se ubicó el quinto lugar en los aumentos de delitos de homicidio tras registrar 164 muertes, en ese lapso de tiempo, 32 hechos más que el año anterior, cuando asesinaron a 132 personas. Lo que representó el 24% de crecimiento en la cifra a nivel país. 

En enero, en Cúcuta asesinaron a 19 personas, para febrero la cifra disminuyó a 15. En marzo, se presentaron 13 asesinatos (8 en zona rural), para la fecha en que la ciudad y el país entraron en confinamiento por el coronavirus. 

Sin embargo, aunque en abril se contaron 19 asesinatos, mayo llegó a las 30 muertes violentas. En junio, 19 crímenes (entre las víctimas 3 mujeres).

Para julio, la cifra se desbordó. Cúcuta registró para esos 31 días, 36 muertes (33 fueron hombres y 3 mujeres). De esas 36 muertes, 28 hombres y una mujer fueron asesinados con armas de fuego. Los demás con arma blanca u objeto contundente.

Aunque el informe registra los casos hasta el 18 de agosto, en todo el mes, la capital de Norte de Santander registró 19 muertes violentas, todas correspondientes a hombres. El sábado primero fue el día más violento, cuando asesinaron a bala a tres hombres, en distintos hechos.  

El primer crimen reportado fue el del venezolano Alexis José Guerrero Chacón, de 30 años, asesinado en la vereda Vigilancia, corregimiento Banco de Arena, zona rural de Cúcuta.

El segundo tuvo lugar en la avenida 11E con calle 8N del barrio Los Acacios, cuando las detonaciones de varios disparos generaron miedo, confusión y la muerte del abogado Óscar Beleño Balaguera, quien había salido de su casa para pagar el recibo de energía. En el ataque a bala también fue herida una mujer.

El último caso ocurrió a las 10:00 de la noche de ese sábado, en la manzana D25 con calle 10 del barrio Torcoroma II, cuando Juan Alberto Flórez Duque estaba a bordo de su moto Suzuki GN roja, y fue atacado por un hombre que iba como parrillero de otra moto y disparó dos veces hasta hacer detener la marcha a su objetivo. Aunque corrió fue alcanzado por su asesino.

El análisis de los expertos 

Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, la reconfiguración criminal entre grupos armados es lo que más afecta a la frontera colombo-venezolana.

“Es claro que los homicidios a nivel país se redujeron, comparado con el año pasado, pero esto es gran parte a causa de la pandemia del coronavirus, porque la gente estaba encerrada”, dijo Ávila.

El politólogo colombiano aseguró también que “se descuidó la seguridad y fue aprovechada por la reconfiguración criminal que continuó en medio de la pandemia y todo porque las acciones de las autoridades han sido complicadas”.

Ávila manifestó que el área metropolitana de Cúcuta vive una serie de confrontaciones criminales o “mini guerras” donde sus principales actores son el Eln y Los Rastrojos, y aseguró un fin de año complicado.

“Desafortunadamente no hay plan de seguridad para la frontera, que no es fácil tenerlo porque no hay colaboración de parte de Venezuela, y eso da los mismo tenerlo o no”, finalizó.

Jhon Marulanda, coronel de la reserva activa del Ejército Nacional y consultor internacional en seguridad y defensa, aseguró que la situación que viven las fronteras, especialmente la de Colombia y Venezuela, apunta a intereses terroristas para el lucro del narcotráfico.

“La hoja de coca que se da en el Catatumbo financia al castrochavismo fariano. La realidad es que se están aposentando en nuestro país bandas venezolanas como lo hicieron en Perú y Ecuador porque el narcotráfico y el contrabando es un método de subsistencia que se aprovecha de la falta de control fronterizo en una zona difícil y porosa”, dijo Marulanda.

El consultor de seguridad y defensa añadió que Cúcuta está al punto del desborde que no tendrá solución con el Ejército en las calles.

“Esa solicitud del alcalde de poner el Ejército en las calles es un error. Los soldados no están entrenados ni equipados para manejar la delincuencia. Lo que se necesita es empeño en la organización comunitaria, gastar recursos en establecer núcleos de seguridad por barrios o comunidades, que tengan sistemas de comunicación de protección y de alertas tempranas para que reporten inmediatamente a la Policía y así se protejan entre ellos. En el último punto, se recomienda aumentar el pie de fuerza de la Policía”, dijo.

La frontera está conformada del lado colombiano por 35 municipios de los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía.

Estudio

En un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), dice que la guerra en la frontera se concentra alrededor de las trochas, pues el cierre del paso legal entre Venezuela y Colombia, ocasionado por la ruptura de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de ambos países, incrementó el flujo migratorio por estos pasos y se generaron lugares de paso nuevos, “con lo que a su vez aumentó la renta de los cobros extorsivos y otras actividades ilegales por las que se disputan estos actores ilegales”.

Concluye que la política internacional de bloqueo y desconocimiento del gobierno de Venezuela, ha desencadenado una crisis binacional que ayuda a fortalecer estos grupos delictivos y empuja a la población migrante a ver en estos grupos las distintas maneras de salir de su crisis económica, y que a la final terminan recrudeciendo el conflicto armado y organizado en ambos países.

Todo ellos, sumado a delitos como la explotación laboral, la mendicidad, la esclavitud, el abuso y explotación sexual.