Atención regular a la población migrante, dificultades en la garantía de derechos de esta población, y falta de programas para cubrir sus necesidades fueron algunos de los hechos expuestos por la Defensoría del Pueblo, en la presentación de su informe defensorial  de zonas de frontera.

El documento, elaborado con acompañamiento de Acnur (Naciones Unidas), reveló la situación de los connacionales, refugiados y migrantes venezolanos tras el cierre de la frontera. Sin embargo, también abordó aspectos de las demás fronteras y sus condiciones de vida.

Entre los aspectos más relevantes presentados por el defensor nacional, Carlos Negret, estuvo la necesidad de tener una política pública para la atención de esta comunidad pues, pese a que pasó más de un año del cierre, siguió llegando población retornada.

Además, se señaló que “no existe normatividad dirigida a prestar ayuda institucional a los colombianos expulsados de otros países”, situación que se suma al hallazgo de que el Estado “no tiene capacidad instalada para responder a crisis migratorias”.

Estas situaciones exponen a las personas a una mayor vulneración de sus derechos, y según el defensor las quejas de la población que salió de Venezuela no han parado.

Temas como la división familiar, la diferencia de atención a las víctimas de frontera y las que habitan en el interior del país, y problemas en el acceso a la información siguen siendo las principales barreras de acceso.

Otro de los problemas recurrentes es la falta de registro y según el informe “los hijos de padres colombianos nacidos en Venezuela están en riesgo de no tener una nacionalidad, por la falta de registro de su nacimiento”.

Así mismo, el texto indica que los rectores de los colegios están en medio de dos instrucciones: por un lado, la de no negar el derecho a la educación, y por el otro, la penalidad de 800 mil pesos que se les cobrará a las instituciones si tienen niños no regularizados en el país.

Las recomendaciones

En relación con los hallazgos en la frontera nortesantandereana la Defensoría recomendó establecer mecanismos que faciliten la identificación de migrantes de frontera, y su canalización hacia una atención adecuada, no solo con responsabilidad de las autoridades migratorias, sino de todas las instancias.

Así mismo, se pide al Estado dar respuesta a las reparaciones de las personas que fueron objeto de vulneraciones durante la crisis de frontera, debido a que no hay notificación alguna sobre estos casos.

“Consideramos que es necesario fortalecer la respuesta humanitaria y la protección de los derechos de los migrantes”, agregó Negret. 

Pidió además “que el ministerio de Relaciones Exteriores continúe desplegando acciones y estrategias para la atención en las fronteras”.

Así mismo dijo que se crearía una comisión regional de asuntos fronterizos que permitirá dar un enfoque diferencial y seguimiento a la realidad de la zona limítrofe, en especial por las dificultades humanitarias en materia de unidad familiar, afectada por decisiones políticas del vecino país.

Perfiles analizados

Para la realización del informe, en el caso regional, la Defensoría encuestó a víctimas y expulsados de Venezuela.

En cuanto a víctimas, de 2.345, 1.190 eran desplazados internos.

Las violaciones más frecuentes fueron: despojo (42%), persecución (31%), homicidio (25%), terrorismo y desaparición forzada (13%).

Se identificaron carencias de acceso a la vivienda, alimentación, información y apoyo monetario, lo cual indica la necesidad de servicios de largo plazo para esta población.

En relación con los expulsados, 170 personas estaban en este perfil, y el 30% de ellas presentaron estatus migratorio regular, con lo que se concluyó que la mayoría de expulsiones fueron ilegales y, al llegar a Colombia el contacto con las instituciones no se tradujo en acceso a servicios.