El Observatorio de Dinámicas Territoriales en Frontera Binacional, en apoyo de Open Society e impulsado por la Fundación Hablemos, presentó recientemente un informe sobre aproximaciones en la frontera en temas de inseguridad, informalidad y equidad de género, con el fin de contribuir información local para la toma de decisiones de actores públicos y privados.
Para ello aplicaron encuestas estructuradas de 53 preguntas a 1.014 personas en la zona céntrica de la comuna 1 durante el mes de agosto. 21 fueron sobre el trabajo informal en el espacio público, 16 sobre seguridad en la ciudad, el barrio y el trabajo, y 16 sobre violencias basadas en género, derechos sexuales y reproductivos, y riesgos de trata de personas.
Además de la población general que transita por el lugar, se tuvo en cuenta a vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales. También se aplicó una encuesta virtual con el fin de conocer las voces de otros estratos y zonas de la ciudad.
“La obtención de información fue un reto, ya que se había considerado hacerlo inicialmente en tres lugares: una zona céntrica de la ciudad, una periférica y una rural, para tener muestras representativas, pero el contexto de Covid-19 obligó a una reestructuración en la planeación”, explicó Juan Sebastián Frankly, director del proyecto.
La idea de crear un observatorio para la ciudad nació hace 2 años bajo la necesidad de implementar un espacio propio en el que convergieran profesionales locales que pudieran identificar las dinámicas de mayor impacto estructural en la región, tras una iniciativa presentada a la Fundación Open Society.
De ahí se comenzaron a identificar los temas de mayor trascendencia en la región, y junto a las aportaciones articuladas de la Universidad Libre y la Universidad de Pamplona, se inició el proceso de investigación.
Según Frankly, las reflexiones de la iniciativa permitieron demostrar que se pueden seguir generando estas sinergias de sociedad civil y academia, donde es tan necesaria la construcción de conocimiento para una crítica asertiva que llegue a los tomadores de decisión y escuchen así las dinámicas que suceden en la región.
Aproximaciones a la informalidad
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el porcentaje de población informal a nivel nacional en el mes de octubre del presente año alcanzó el 48,5%, una de las cifras más altas en comparación a años anteriores. En Cúcuta, este porcentaje llegó al 71,5% en el mes de octubre, aún en el contexto de crisis por pandemia.
Wolfang Carvajal, coordinador del proyecto, señaló que el 37% de la población de vendedores informales son personas en condición migrante y el 63% son nacionales que habitan en diferentes sectores de la ciudad.
64% de ellos eran hombres, mientras que la mayoría de las mujeres, según lo expresaban los encuestados, se quedaban en casa para realizar trabajos de cuidado.
Según los clasifica la ley 1988 de 2019, se halló que el 68% de los vendedores encuestados se identifican como vendedores estacionarios, mientras que los vendedores ambulantes representan el 25% del total de la población.
Carvajal enfatizó que, si bien gran parte de ellos poseen estudios, es necesario comprender las condiciones contextuales del mercado laboral en una ciudad como Cúcuta, enmarcada en la crisis migratoria, el cierre de fronteras y la estructura de los sectores laborales formales o las posibilidades de formalización del trabajo.
Sobre las razones por las cuales los vendedores informales trabajan en el espacio público se encontró que el 40% lo hace por falta oportunidades, el 33% por necesidad y el 11% por desempleo.
“Es pertinente que la administración municipal elabore un registro único de vendedores informales, reconozca la realidad de este tipo de trabajo y construya una política pública de trabajadores en el espacio público con enfoque territorial y de derechos que permita alternativas eficaces y sostenibles en el tiempo”.
Aproximaciones a la seguridad
Este aspecto fue abordado desde tres enfoques: la ciudad, el barrio y el lugar de trabajo. La percepción de los encuestados en torno a la seguridad en la ciudad es crítica. El 52% respondió que la consideran mala, si se le suma el 27% que la señaló como muy mala, se obtiene una percepción negativa del 79%.
Entre las causas, se identificó el hurto como la más preocupante, con un 88% sobre los demás problemas, seguido por el expendio de drogas y el homicidio.
En el barrio, si bien las cifras son equilibradas entre quienes se sienten seguros y quienes no, los lugares donde se percibe mayor problema son los parques, las avenidas y las calles.
Sobre el lugar de trabajo, dado que la población en cuestión son trabajadores informales del centro de la ciudad, el 79% afirma sentirse seguro y el 21% no. Manifestaron que es debido al ambiente que ellos mismos han forjado y las relaciones interpersonales que se han creado para el cuidado, la protección y la defensa de su espacio de trabajo y seguridad.
Sobre cómo mejorar la seguridad, el 48% de respuestas giraron en torno a la solicitud de más control policial, seguido de un endurecimiento de las penas y más campañas de la alcaldía. Con más cámaras de seguridad y más rondas de policía, los ciudadanos concordaron sentirse más confiados.
“Entre más próximo es el contexto al desarrollo de actividades, menor es la percepción de inseguridad y mayor la de seguridad. Es necesario profundizar en la descripción e identificación de las representaciones e imaginarios sobre la seguridad que tienen las personas para poder construir un mejor panorama en relación al papel que la ciudadanía está teniendo frente a la construcción de seguridad”, dijo Carvajal.
Aproximaciones al enfoque de género
Con el apoyo del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, se indagó en las experiencias de mujeres de origen nacional y venezolano sobre violencias de género en el espacio público, accesibilidad a derechos sexuales y reproductivos, además de identificar indicadores de exposición a redes de trata de personas.
El estudio permitió generar un registro sobre 77 mujeres en ejercicio de la prostitución. Además, se encontró la presencia considerable de agentes de fuerza pública como principales agresores contra ellas.
Conocieron también sobre la desatención institucional en el momento en que las mujeres reportan los hechos de violencia de género con las autoridades. 35.6% respondieron no tener conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos, principalmente aquellas con ciclos educativos de básica primaria y bachillerato.
44.3% de mujeres colombianas, 55% de mujeres venezolanas y 36.3% de mujeres en ejercicio de la prostitución desconocen el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que 69% de mujeres venezolanas se sienten discriminadas por prejuicios contra su nacionalidad y la mayoría refieren no contar con redes de apoyo alguna.
“Esperamos que esta entrega sirva como una primera aproximación, necesaria, mas no suficiente, al territorio municipal bajo enfoques de género, para generar estrategias integrales de protección de las mujeres y la prevención de la marginación de la ciudadanía plena”, concluyó Carvajal.
