Una nueva organización guerrillera dirigida por disidentes de las Farc, estaría operando en la zona de frontera y en diversos estados de Venezuela, según la denuncia formulada ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República en el estado Táchira, por representantes de la Fundación REDES.  

Mackler García, defensor de derechos humanos  y directivo de FundaRedes afirmó que esta agrupación irregular se autodenomina “Colectivo de Seguridad Fronteriza”, y se suma a las organizaciones guerrilleras que mantienen azotado el eje fronterizo colombo-venezolano a través de diferentes acciones delictivas como el reclutamiento de niños y jóvenes, enfrentamientos por el control del territorio, contrabando de combustible y alimentos, entre otros.

Al frente de la organización en Táchira estaría un sujeto apodado “El Catire Belisario”, quien estaría comandando las acciones que han tenido lugar en San Antonio, Ureña, Coloncito, La Fría y buena parte del municipio Ayacucho, donde incluso los pobladores habrían identificado la existencia de un campamento en el sector de Pozo Azul, cercano a San Pedro del Río.

“Es preocupante que el Estado Venezolano permanezca indiferente ante la muerte de civiles y militares venezolanos que han  sido víctimas del conflicto armado que  ha surgido entre los grupos irregulares, pareciera que los soldados, oficiales y ciudadanos comunes caídos en estos enfrentamientos no revisten de  importancia para quienes tienen el deber, en este caso las Fuerzas Armadas, de velar por la soberanía nacional”, aseveró el defensor de Derechos Humanos.

Es obligación del Estado – enfatizó García- investigar y dar respuesta sobre estos  hechos donde han venido actuando impunemente la guerrilla colombiana: Farc, Eln, Fbl y ahora el Colectivo de Seguridad Fronteriza.

El representante de FundaRedes señaló que consignó ante las instancias del Estado venezolano un documento exponiendo una vez más la grave violación de los derechos humanos que se vive no sólo en la zona de frontera sino en muchos estados del país con el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de las agrupaciones guerrilleras.

“El Estado venezolano debe asumir su responsabilidad e investigar las acciones de  la guerrilla en territorio venezolano, las cuales han sido denunciadas en múltiples oportunidades, además de diseñar mecanismos de protección a civiles y militares”, exhortó García.