Veinticuatro horas después de anunciada la declaratoria de calamidad pública en la región por parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, en el ambiente quedó un mar de dudas en atención a la pertinencia de esa medida de gobierno.
Lo que se dio a conocer por parte de los integrantes de dicho Consejo era que se tenía que brindar garantías al Gobierno Nacional para lo que se pudiera presentar en desarrollo de la entrega de los suministros alimentarios y de salud que se tiene prevista para el próximo 23 de febrero.
En el anuncio no se dio a conocer el plazo en que estará vigente la medida que, dicho sea de paso, abrirá las compuertas para que los procesos de contratación que se requieran se produzcan sin el rigor normativo que sí demanda la ley en tiempos de paz.
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Tampoco quedaron claras, al menos para la declaratoria de calamidad que se anunció, las causas que la motivaron, si se tiene en cuenta que la ley es explicita en que para estos casos debe estar motivada por la ocurrencia de un desastre natural, o por causas antrópicas de la actividad humana.
(Aunque no está confirmado, las autoridades preveen que el 23 de febrero pasen del lado colombiano unos 50.000 venezolanos.)
Otro hecho del cual se desprendieron dudas se deriva de las explicaciones dadas por la directora departamental de Gestión de Riesgos de Desastres, Adriana Milena Arias, en el sentido de que serían el Gobierno Nacional y la embajada de los Estados Unidos los responsables directos de la entrega de las ayudas a los venezolanos, pero no se precisó en qué sitios se llevaría a cabo esto.
Este jueves, La Opinión conoció de la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo de Cúcuta, con miras a determinar el plan de acción que se desplegará en apoyo a la tarea de entrega de los suministros.
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¿Y el Catatumbo?
Félix Muñoz, secretario de esta unidad municipal, reveló que unas 1.500 personas, entre miembros de los comités barriales y funcionarios, serán los primeros respondientes en esta actividad, es decir, servirán de apoyo en la logística que se requiera.
Para voceros de derechos humanos del departamento, era más prioritario la declaratoria de la calamidad pública en el Catatumbo, por un lado por la crisis humanitaria que se vive desde el año pasado, y por el otro, por el impacto ambiental que está produciendo en quebradas y ríos el derrame de crudo que ocasionó el atentado al oleoducto caño limón Coveñas, días atrás, en zona rural de Teorama.
‘Está sustentada’
El gobernador William Villamizar aseguró que la declaratoria de calamidad está amparada jurídicamente y responde a una solicitud que le hizo a su administración el Gobierno Nacional para poder enfrentar el tema de la entrega de ayudas, logística y compras que demanda la crisis migratoria en la frontera.
Dijo que la solicitud fue llevada al Consejo departamental de Riesgo, donde quedó en firme.
Al ser indagado sobre si hubo necesidad de modificar la norma, en atención a que no están explícitos los escenarios que así lo demandan, Villamizar dijo que los expertos jurídicos estudiaron con detenimiento y conceptuaron que era viable implementarla. “El estado de calamidad es mientras esté vigente el tema migratorio”, aclaró el mandatario.
Por qué hasta ahora y no antes? A esta pregunta, Villamizar respondió que se viene con una crisis social y económica, pero lo que pasa es que llega un momento en que la capacidad de respuesta se pierde y hay temas prioritarios que se tienen que atender.
Aclaró que durante la declaratoria de calamidad quien asumirá la contratación que se deba hacer será el Gobierno Nacional, su administración no cuenta con recursos, dijo.
