La incertidumbre se cierne sobre familiares y allegados de los miles de retornados que intentan cruzar la frontera entre Táchira y Norte de Santander huyendo de los rigores económicos que a los más vulnerables ha impuesto la pandemia de la COVID-19 en diversos países de Latinoamérica. Varias ONG que siguen de cerca el manejo de los migrantes en territorio venezolano, alertan sobre las difíciles condiciones del aislamiento y la falta de acceso a información oficial.
En los últimos diez días se han reportado al menos tres desaparecidos en la zona de frontera, dos de ellos migrantes retornados, cuyo último contacto con familiares fue desde la ciudad de Cúcuta, y luego, les perdieron el rastro, desconociendo si fueron víctimas de algún delito, cayeron víctimas de los grupos irregulares que imponen su ley en las trochas de la frontera, o se encuentran recluidos en algún Punto de Atención Social Integral (PASI), sin posibilidad de comunicarse con el exterior.
La organización pro defensa de los derechos humanos, FundaRedes, recordó que durante el tiempo de cuarentena, desaparecieron 6 personas en las trochas durante el mes de abril, otras seis en mayo y la estadística parece mantenerse durante el mes de junio, que ya registra al menos tres desapariciones reportadas.
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El caso más reciente es el de Peniel Ortuño Villamizar de 31 años de edad, quien retornó de Ecuador y tras llegar a Cúcuta perdió toda comunicación con sus familiares. A las 9:00 de la mañana del pasado 8 de junio llamó para avisar que se dirigía al Puente Internacional Simón Bolívar. Sus allegados desconocen si pudo o no pasar a territorio venezolano.
Durante la primera semana de junio, familiares del ciudadano colombo-venezolano Iván Enrique López Soto, contactaron a medios de comunicación de Táchira para reportar su desaparición. Lo último que supieron de él era que había tomado un taxi a Puerto Santander para intentar cruzar a Venezuela y retornar a su casa en el municipio Rosario de Perijá (estado Zulia).
Sobre la situación de los migrantes retornados, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) aseguró que “hay un aumento de los riesgos de protección de las personas retornadas por posible violencia, estigmatización y discriminación, así como el incremento de muestras de xenofobia en las comunidades de acogida”.
Quienes ingresan por los pasos formales o informales y son captados por las autoridades venezolanas deben cumplir un protocolo de aislamiento durante el cual en algunas ocasiones pierden contacto con sus familiares en Venezuela, “muchos pierden sus teléfonos, o los venden para poder comer y suplir sus necesidades más urgentes mientras logran ingresar a los albergues”, dijo una defensora de derechos humanos. Miles de migrantes caminan largos trechos por carretera o permanecen durante días a la intemperie para poder cruzar la frontera. Los allegados piden se habilite un mecanismo que facilite obtener información que permita confirmar si quienes se presumen desaparecidos se encuentran o no en los albergues habilitados por el gobierno venezolano.
