El estado de emergencia de la frontera generado en agosto de 2015 movilizó a diferentes organizaciones de la sociedad civil para la atención de expulsados, deportados y retornados colombianos desde Venezuela.
Una de ellas fue la organización Sin Fronteras, representada por José Fabio Martínez, que desde entonces ha hecho acompañamiento para que muchas de estas familias puedan acceder a derechos fundamentales.
En la audiencia pública ‘El fenómeno migratorio y la política integral migratoria’, organizada esta semana por la Comisión Derechos Humanos del Senado, Martínez recordó que durante el primer mes después del cierre de frontera, retornaron de manera forzada unos 22 mil colombianos y hasta la fecha la cifra ronda los 500 mil colombianos.
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Por eso considera necesario que la nueva ley de política migratoria integral que estudia el Senado incorpore un canal de atención directa y efectiva a los retornados.
Actualmente no hay una igualdad efectiva para atender a las personas que retornan, ya que no todas regresan con dinero. Hablamos de familia que llegan sin nada y están desprotegidos; sin ninguna clase de beneficios; por lo que deben recurrir a demandas y peticiones para acceder a los derechos que ya tienen como colombianos”, esboza el experto.
En este encuentro virtual se abordó también el enfoque de derechos humanos y de protección que debe tener este mecanismo jurídico para atender también a migrantes y refugiados venezolanos.
Juan Carlos Viloria, coordinador general de Coalición por Venezuela, enfatizó que esta ley debe reflejar un enfoque de derechos humanos y de observancia de tratados internacionales, a través de coordinación y articulación institucional y territorial para la protección internacional de estas poblaciones.
Esta propuesta la ofreció luego de analizar el complejo contexto migratorio en el país: miles de familias mixtas en condición de vulnerabilidad, regularización migratoria limitada, un dispendioso reconocimiento de la condición de refugiado y muchos hijos de padres venezolanos que no han podido acceder a su nacionalidad, ni mucho menos a “salud, vivienda, educación, protección, entre otros derechos”.
El líder de esta plataforma que agrupa a 63 organizaciones a nivel internacional que atiende el flujo migratorio de venezolanos, ve esencial “incorporar la Declaración de Cartagena en la definición ampliada de refugiados; así como convenciones y pactos internacionales en la materia”.
De la misma manera, “garantizar participación ciudadana incluyente y plural de la mesa nacional para las migraciones”.
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Desde Bogotá, la organización Fundacolven, que dirige Lublant Prieto, fijó un par de recomendaciones, como el establecimiento de rutas de regularización permanente para facilitar la integración de los migrantes en las comunidades receptoras.
“Hay que evaluar las condiciones y requisitos para las solicitudes de las visas, ya que actualmente son muy costosas. En el caso de las visas de trabajo, no son muchas las empresas que pueden demostrar ingresos por encima de los 100 salarios mínimos durante los últimos seis meses”, ejemplificó la representante.
Pilín León, presidenta de Venezolanos en Barranquilla, anotó la imperiosa necesidad de reconocer estatus migratorio en calidad de refugiado a los migrantes.
Esto se trata de una migración forzada, de gente que huye del régimen de Maduro porque no tiene garantía de derechos ni acceso a servicios básicos; muchos de los cuales deben padecer por la carencia de un documento de identidad debido a la deficiencia de la dictadura de proveer identificación a sus ciudadanos”.
En el marco de la integración económica, propuso un un mecanismo de distribución de profesionales migrantes en regiones donde los profesionales colombianos no quieren ir a trabajar. “Esto es un déficit que la migración puede resolver”.
