Recientemente Migración Colombia expuso cuál ha sido la evolución de la migración venezolana en los últimos 5 años y qué se espera de ella a futuro. En dicho resumen ejecutivo, se dijo que nuestro país ha brindado todas las garantías posibles de atención a esta población, ello, a pesar de que el país no tuviese experiencia en este fenómeno, dijo el director de la entidad Juan Francisco Espinosa.
En contexto, Colombia es hoy el país que más migrantes venezolanos ha acogido en su territorio: 1’764.883 decidieron residenciarse en el territorio nacional. Según las estadísticas nacionales de Migración Colombia, 96.317 migrantes pidieron permisos a las autoridades nacionales para hacer tránsito temporal por el país y 1’450.003 cruzaron por el territorio para dirigirse hacia un tercer destino.
Pero más que cifras, la preocupación de Colombia, al igual que la de los países del hemisferio, que hoy día soportan el fenómeno migratorio y que tienen que dar respuesta a esta crisis humanitaria es: ¿cuánto más durará esta situación para los miles de venezolanos? y ¿cómo dar garantía de derechos a todas las personas que emigran, pero que no pueden recibir el estatus de refugiados, porque Venezuela no es un país en guerra?
Pese a que los gobiernos de cada país actúan según sus criterios para dar garantías en materia de derechos humanos a los migrantes venezolanos, sin duda las políticas públicas de cada nación no son lo suficientemente sólidas para atender a los extranjeros, lo que pone en el limbo a aquellos migrantes, quienes presionados por la COVID-19 se exponen cada vez más a ser víctimas, no solo del coronavirus, sino de la xenofobia y la violación de sus derechos humanos.
La Universidad Simón Bolívar, recientemente realizó, vía virtual, un simposio internacional con académicos invitados de México y Venezuela, en el que participaron, incluso, autoridades nacionales para debatir, entre otras, la situación política de los migrantes y dar presentación de los resultados del estudio ‘Realidades y Desafíos para el Inmigrante Venezolano tras la COVID-19’, que estuvo a cargo del grupo de investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF).
El estudio resume que “actualmente, la situación de vulnerabilidad de los migrantes y refugiados venezolanos desde el brote de la COVID-19 es la misma de cuando decidieron emigrar de Venezuela e incluso se ha incrementado, debido a la paralización de muchos sectores de la economía en todos los países”.
Además, cita que la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia determinó en diciembre de 2019 que el 58% de los venezolanos que habían ingresado al país se encontraban en situación irregular. Esta situación implicaría considerar que si más de un millón y medio de personas migrantes y refugiadas no son tomadas en cuenta en los planes de prevención y atención en la emergencia por el coronavirus, constituirán una población de alto riesgo.
En esta investigación participaron la Universidad Católica del Táchira, el Servicio Jesuita para los Refugiados, el Observatorio de Investigaciones Sociales y de Frontera, el Observatorio Venezolano de Migración, la Fundación Centro Gumilla y la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta. Se analizaron, mediante el método de encuestas por correo electrónico, las condiciones en las que vivían 5.432 migrantes y refugiados.
La investigación resolvió que “muchos han perdido sus trabajos –principalmente en el mercado laboral informal–, y al no contar con los recursos económicos para alimentarse, pagar un arriendo y no tener acceso a programas de apoyo e inclusión, están tomado la difícil decisión de retornar a Venezuela, sin estar interesados en regresar. También se ha incrementado la discriminación y estigmatización, no tienen acceso a atención médica y están más expuestos a la violencia en todas sus manifestaciones, violencia de género, explotación, tráfico de personas y abusos”.
Esta lamentable situación, los expone a riesgos tan graves como contraer la COVID-19, como en el caso de los migrantes en condición de mendicidad, hacinados, los que no pueden comprar y usar el tapabocas y quienes no tienen agua para el aseo y lavado constante de las manos. Es importante destacar que la movilidad humana venezolana puede convertirse en la mayor del mundo, si se superaran las cifras de movilidad forzada pospandemia en comparación con países que se encuentran en conflictos bélicos. Es decir, la emigración venezolana no se va a detener hasta que no mejoren las condiciones de vida en el vecino país, afirmaron los investigadores.
En el encuentro, se definió que uno de los desafíos para los Estados será mejorar los mecanismos para definir el estatus de los migrantes venezolanos y, para ello, se necesitará ampliar el rango de las personas elegibles para que logren el estatus de refugiadas, afirmó el director del doctorado en migraciones internacionales del Colegio de la Frontera Norte de Tijuana, México, Alonso Hernández.
Hernández, indicó que, en el marco del convenio de Cartagena, el cual orienta a los diferentes países en la toma de decisiones, hay mecanismos para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, pero siempre y cuando ese eje orientador se fije como un acto humanitario y no como un acto político.
Por ahora, la travesía de miles de venezolanos que comenzó en la búsqueda de oportunidades y un viaje sin regreso cambió con la pandemia. A comienzos de marzo de 2020, la llegada de la COVID-19, dejó ver situaciones dramáticas más allá de la economía desquebrajada del aislamiento y cierre de empresas, que se niegan a flaquear ante las pérdidas millonarias y las nuevas inversiones que exige la nueva realidad.
En medio de esto, están los migrantes y aunque muchos se han devuelto a Venezuela, este será un tema transitorio, pues más de 1’764.000 con vocación de permanencia en Colombia quieren seguir en el país, expresó el director de Migración Colombia. ¿La sociedad está preparada para convivir con el migrante como un apoyo para el desarrollo? La discusión continúa.
