“Hola, buenos días, mi nombre es Yessica Romero. Soy venezolana, tengo dos hijos pequeños y estoy preocupada por toda esta situación. Trabajo por mi cuenta día a día en La Parada (Villa del Rosario) y no tengo cómo darle de comer a mis hijos. De verdad necesito de su orientación y apoyo... Gracias por su comprensión y ayuda”.
Este es solo el relato de Yessica, quien tiene 2 años viviendo en Norte de Santander. Pero el drama que ella vive también lo están padeciendo cientos de mujeres, no solo venezolanas sino también colombianas tras la cuarentena.
A través del chat de WhatsApp de Estoy en la Frontera desde el pasado 24 de marzo, cuando comenzó la medida de aislamiento obligatorio, han escrito unas 210 personas de las cuales el 50% son mujeres cabeza de familia, muchas con más de dos hijos, solteras y otro gran porcentaje embarazadas.
“Feliz noche. Soy María Polanco, venezolana. Me pueden colaborar con qué organización de cooperación internacional está dando auxilio de arriendo o tarjetas del Programa Mundial de Alimentos (PMA), porque soy madre sostén de hogar, con 2 niños excelentes estudiantes de la institución educativa San José de Cúcuta. No cuento con trabajo fijo, ni recursos para mis hijos”.
Así explicó su situación María, pero eso no solo se presenta en Cúcuta porque desde otros municipios del departamento como Bochalema, Pamplona, también han escrito varias mujeres; y desde Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Bogotá, Santander también han escrito migrantes venezolanas exponiendo el drama de cómo hacen para subsistir si no pueden salir a trabajar y son ellas las que mantienen el sustento de sus hogares.
No tener cómo abastecer a sus familias en Colombia e incluso en Venezuela es una doble responsabilidad para ellas. Así lo comentó Juana Finol, que vive en Ureña pero trabaja en Cúcuta. Tras la cuarentena quedó del lado colombiano y no ha podido regresar a su casa. “Yo soy la que provee de alimentos a mi casa, y ahora no sé cómo hacer porque tengo a mi niña de 10 años del lado venezolano y sin poder enviarles nada para que coma. Estoy desesperada”, contó.
La pandemia ha dejado al descubierto otro drama de la migración, que vuelve aún más vulnerables a este grupo de mujeres, tal como lo indican los expertos.
Adriana Pérez, del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, explicó que las mujeres venezolanas están pasando por situaciones que las exponen a mayores riesgos. “Muchas de ellas que se encuentran en situación de irregularidad (…) Y hacen parte del mercado informal de trabajo de la ciudad, que sabemos que es uno de los más altos del país, que ronda en un 70%. Ellas se están viendo imposibilitadas a salir a sus lugares de trabajo para cumplir con la proveeduría del hogar”, dijo.
El investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez, añadió que hasta el momento las políticas del Gobierno Nacional en el tema migratorio y en el marco de la COVID-19 no han sido específicas para las madres migrantes, sino que han sido orientadas más a un carácter general y tomada esta población vulnerable en términos generales.
“Hay algunos puntos específicos cuando se habla de niños, niñas y adolescentes, pero realmente frente a las madres migrantes hay muy poco. Se espera generar un canal humanitario para que aquellas mujeres que van a tener a sus hijos y que venían haciéndose los controles en Colombia puedan hacerlo en Colombia”, detalló.
Precisó Pérez que se debe tener en cuenta que los apoyos humanitarios que se están dando a mujeres vulnerables, a través de la sociedad civil y las que está entregando el Gobierno Nacional están priorizando a mujeres nacionales o a mujeres migrantes regularizadas en Colombia, que no representan el mayor porcentaje.
“Por tanto, estas mujeres están quedando por fuera de sus posibilidades laborales, pero también por fuera de los criterios de selección de los gobiernos”, indica.
Sin embargo, Rodríguez destacó el hecho de que el Estado colombiano involucre a los venezolanos en sus políticas para población vulnerable en medio de la pandemia en comparación con otros países de América Latina que no se han dedicado de forma tan explícita a la construcción de una política pública para la migración en contexto de la COVID-19.
Para el especialista lo importante y el reto será cómo integrar a esta población en el contexto de reconstrucción y en las dinámicas de la economía que se pueda dar en las próximas semanas cuando se empiece a generar una dinámica de cuarentena para algunos sectores, y para otros se les permitirá laboral. “Habrá que ver cómo las economías informales pueden llegar a articularse y si los venezolanos encontrarán un espacio para articularse en ellas, es bastante difícil”.
La representante del observatorio indicó que, en el marco del aislamiento, la mayor preocupación de las mujeres migrantes y las colombianas no está en el hecho de la violencia de género sino en la incapacidad de proveer económicamente a sus familias. “En eso hay que hacerle mucho énfasis a los gobiernos tanto locales como regionales, porque no han abordado esa situación”.
Hacinamiento
Otro aspecto que resalta Adriana Pérez, del Observatorio de género regional, es que la mayoría de estas mujeres y sus núcleos familiares viven en serias condiciones de hacinamiento con múltiples familias, incluso, con personas que no comparten consanguinidad.
Desde el observatorio se manifiesta que debido al aislamiento ya se genera en ellas un cierto estrés mental y ahora un doble estrés por el hecho del hacinamiento, condición nada recomendada en esta emergencia sanitaria.
“Hemos logrado dialogar con organizaciones de migrantes y esto implica un escenario de mayor riesgo para ellas y las personas a su cargo, porque pueden que sufran violencias y violencias de género”, refiere.
Pérez puntualizó que las autoridades deben echarle un vistazo adicional, en estos momentos, al tema de la trata de personas, porque “las mafias saben cómo aprovecharse de las necesidades de las mujeres y vincularlas en procesos de explotación sexual”.
Ruta para fallecidos
El especialista de la Universidad del Rosario indicó que es necesario, en este punto, que las organizaciones civiles puedan generar un instrumento para estas mujeres e indicar sus necesidades.
Sin embargo, a Rodríguez les preocupa dos situaciones: la primera, aquellas madres cabeza de familia del otro lado de la frontera que incluso ya habían empezado su proceso de reunificación familiar.
“Pero todavía queda un número importante de mujeres cuyos esposos o parejas viajaron a otros países y en el marco de la COVID-19 se enfrentan a distintos problemas”, dijo.
Entre esas adversidades destaca que estos hombres, en su mayoría, no están trabajando en los países que los acogieron como migrantes, y que en caso de ellos lleguen a fallecer por el coronavirus estas familias en Venezuela no tendrán información precisa sobre sus seres queridos.
“Esa unificación familiar pone en riesgo a las personas que quedaron en Venezuela porque en Venezuela el sistema de salud es más complicado”, dijo.
La otra situación que se puede presentar, que explica Rodríguez, es que hay madres que viven solas con sus hijos en Colombia y en caso de que alguna fallezca no existe ninguna ruta para esos niños en cuanto a su protección y queden expuestos a muchas violencias.
