La Procuraduría advirtió a todas las entidades encargadas de brindar atención a la población migrante que procede de Venezuela, en el sentido de que podrían estarse omitiendo responsabilidades en esta misión.
Según conoció La Opinión, en reciente encuentro de la procuradora Ana Rosa Celis Arias con la dirección y el equipo científico del Instituto Departamental de Salud (IDS), se puso sobre el tapete la preocupación que existe, en el sentido de que solo se está registrando la población que ingresa por los pasos autorizados, pero no se hace lo mismo con la que ingresa por las trochas y la que deambula sin control por las calles de la ciudad.
Acciones de control sanitario en puntos de ingreso al país, vacunación a niños menores de 5 años, atención en salud mental, vigilancia epidemiológica, fumigación, seguimiento de riesgos en salud ambiental en albergues improvisados, control vectorial en los 10 municipios de frontera e intervenciones con trabajadoras sexuales para la prevención de infecciones de transmisión sexual adelantadas en Norte de Santander, fueron analizadas por la Procuradora.
También se expuso la necesidad de un control permanente y total del flujo migratorio, debido a que en la actualidad gran parte de la población venezolana que ingresa sin documentos a través de las trochas genera una situación que no ha permitido la caracterización del ciclo vital, como la cantidad de mujeres en edad fértil o niños con desnutrición.
En este sentido, Juan Alberto Bitar, director del IDS, reveló que las acciones de las autoridades de salud están resultando insuficientes para alcanzar las metas esperadas, o al menos para controlar en un ciento por ciento el flujo migratorio de unas 54.000 personas diarias, de las cuales no regresan 4.000.
Dijo que hay alta preocupación por dos focos de sarampión y difteria que hay en Venezuela, que podrían ingresar a Colombia si no se ponen en marcha los controles y se recibe apoyo de parte de otras entidades u organizaciones.
Un factor a favor, dijo Bitar, es la cobertura de vacunación de más del 95 por ciento en la población local, y de 58.888 dosis suministradas a niños venezolanos.
“Tenemos declarada la alerta epidemiológica en todas las Ips locales, dada también la presencia de venezolanos con malaria, por cuya incidencia este año ya se han atendido 10 pacientes”, dijo Bitar. Se hace necesario y urgente un registro de estas y otras personas que podrían estar ingresando con estas enfermedades (ver recuadro).
El funcionario dijo que ya está resultando insuficiente la atención primaria a los venezolanos en las Ese e Ips, dada la ocupación casi del ciento por ciento que presentan y por cuyos servicios el Gobierno Nacional adeuda unos 13 mil millones de pesos.
Urge un censo
El director del Instituto Departamental de Salud (IDS), Juan Alberto Bitar encendió las alarmas por la ausencia de un censo que indique qué hace la población migrante de Venezuela que se queda en Cúcuta.
Se conoce -dijo- que una parte trabaja en prostitución, otra en trabajos informales, en las calles, y otro tanto deambula en parques y el sector comercial.
Si se cuenta con el censo no solo se puede conocer a ciencia cierta quiénes son, sino qué tipo de atención requieren en materia de salud, empleo, educación, etc, añadió el funcionario.
Agregó que también se determinaría la responsabilidad de las entidades del gobierno con la atención.
Muchos de los migrantes vienen de San Antonio, Ureña, Palotal y San cristóbal, entran a trabajar en Cúcuta y regresan a dormir a sus ciudades de origen.
