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Martes, 3 Marzo 2020 - 4:23am

¿Qué están haciendo los migrantes en los pueblos de Norte de Santander?

La inmigración venezolana en lo rural es otro reto que debe asumir el Estado colombiano.

Unisimón
Desde la Universidad Simón Bolívar se viene estudiando el impacto que tiene la inmigración hacia las zonas rurales.
/ Foto: Unisimón

Una cosa es lo que el Gobierno conoce de la migración pendular, de la cual los informes revelan que por las fronteras diariamente cruzan unas 60.000 personas de un lado a otro usando los pasos oficiales; otra, es la inmigración de tránsito que utiliza a Colombia como plataforma hacia un tercer país de destino, como Chile o Perú, y otra, muy distinta la migración que pasa por los pasos rurales.

Desde el cierre de la frontera con Venezuela en agosto de 2015, el Gobierno colombiano viene entregando reportes de la movilidad y asegura que más de un millón ochocientos mil venezolanos están asentados en el territorio nacional, pero  ¿qué está pasando con los venezolanos en las zonas rurales?

Estudiantes de últimos semestres de la Universidad Simón Bolívar vienen investigando cómo conviven en el campo los migrantes venezolanos y emigrantes colombianos retornados para conocer ese constructo social. 

También quieren saber, para efectos de su trabajo académico, cuál es su procedencia geográfica y así tener un paralelo de cuál es el impacto de la ola migratoria en lo urbano y en lo rural, pues no puede ser igual por situaciones como la seguridad, acceso a derechos de salud, educación, trabajo y vivienda.

El trabajo busca contextualizar la situación de los migrantes en las ruralidad, cómo ha cambiado lo rural en zonas donde no han llegado íntegramente los servicios del Estado por su lejanía y cuáles son las condiciones socio-culturales desde la llegada de los migrantes.

Para la directora del programa de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar, Magali Alba Niño, es importante conocer estas dinámicas en la zona rural, sin embargo, no se conocen cifras oficiales, debido a que no existe una caracterización de las personas que, a hoy, siguen llegando a asentarse en las veredas de los municipios del departamento. “Al hablar de migración la mayoría de la gente tiene en el imaginario que es connaturalmente urbana, siendo en este espacio en donde se encuentran las entradas reguladas y ordenadas de migración. Pero en los espacios rurales la realidad es otra, porque muchas veces no tienen ese control migratorio y en algunos casos el acceso es por ríos o trochas inhóspitas, pasos que han sido naturalizados por las poblaciones de lado y lado de la frontera”, señala Alba Niño.

Según la directora, el cierre fronterizo ha sido una oportunidad para que la academia y las autoridades vean las diversas caras migratorias, permitiendo que los trabajadores sociales de la Universidad Simón Bolívar, sean agentes transformadores a través del uso de sus estrategias de intervención; una de ellas, la intervención social en lo rural.

Algo que sorprendió a la investigadora, por ejemplo, es que los venezolanos tienen más puertas abiertas en las comunidades rurales, contrario a lo que pasa en las ciudades, en donde algunas personas sienten rechazo por razones de que en algunos casos los ven como un problema o una amenaza para su seguridad. “Regularmente el campesino recibe con hospitalidad al extranjero y lo invita a trabajar, lo aloja en sus viviendas, porque considera que en el cultivo de tierras hay trabajo para todos”, señaló.

Magali Alba, además, comentó que anteriormente los colombianos migraban al país vecino atraídos por la necesidad de mano de obra en los sectores rurales venezolanos. De hecho, una investigación de la Universidad de Los Andes de Mérida (Venezuela), titulada “La dinámica migratoria colombo-venezolana: evolución y perspectiva actual” (2004), revela que el número de colombianos residenciados entre los años 1951 a 1971 tuvo una variación significativa, pasando de 45.969 a 102.314.

La investigadora acotó que la migración rural actual se está dando en condiciones menos favorables, que distan de lo ocurrido en la Venezuela de años atrás, teniendo en cuenta que el alza en los precios del petróleo beneficiaban al país vecino que podía subsidiar diferentes servicios públicos y daba garantías a los migrantes colombianos en lo social, en lo económico, en lo político y la seguridad. Por lo contrario, del lado colombiano el sector rural históricamente sufre fenómenos como la violencia, el narcotráfico y el desorden social, por el abandono estatal.

Según el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación, Víctor Bautista, Colombia apenas comenzó a comprender las implicaciones que traen las migraciones; a su vez, resaltó que en tan poco tiempo, en el país se haya desarrollado un protocolo y hasta creado entidades como Migración Colombia para atender la situación de emergencia. Señalando que prefiere definir que más que debilidades, lo que el Gobierno enfrenta hoy en día son retos y en materia migratoria, el tema rural es uno de ellos.

Lea además Los desafíos para atender la migración venezolana

¿Qué tan comprometidos están los migrantes venezolanos en hechos judiciales?

Bautista aseguró que en el departamento se encuentran aproximadamente más de 186.000 migrantes venezolanos. Esta cifra ha sido registrada bajo los últimos mecanismos como el Registro Administrativo Inmigrantes Venezolanos (RAMV) y otros instrumentos que implementó Migración Colombia, como los Permisos Especiales de Permanencia (PEP), más las cifras habituales de visados, cédulas de extranjería y demás, expedidos para ciudadanos venezolanos en este territorio. Pero lo preocupante es que la cifra destinada hacia las zonas rurales no ha sido discriminada, lo cual implica que se desconozca quiénes son los extranjeros, cuáles son sus antecedentes, a qué vienen, cómo viven y si son víctimas o victimarios.

La respuesta, con relación al impacto en la seguridad por la migración venezolana en las zonas rurales, le corresponde al comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jhon Harvey Alzate Duque, quien dijo que su compromiso es garantizar la seguridad de toda la comunidad, sin distinción de su origen, nacionalidad, religión o condición política.

No obstante, señaló que hay cifras que no se pueden desestimar respecto a los migrantes involucrados en hechos judiciales, pues las capturas se han ido elevando conforme se acentúa la migración. En el 2018 se presentaron 157 venezolanos detenidos y en 2019, 165. Pero también fueron víctimas, en el 2019, de 254 homicidios, en 36 cabeceras municipales del departamento, el 14% de ellos fueron venezolanos. 

“Hemos capturado a ciudadanos venezolanos por hurto a personas, hurto de motocicletas, por lesiones personales; sin embargo, en lo que respecta al departamento no hemos identificado estructuras o bandas lideradas por venezolanos, aunque puede que hagan parte de estas organizaciones y cometen todo tipo de delitos”, resaltó.

¿A qué se dedican los migrantes venezolanos que entran a las zonas rurales?

Según los investigadores de la Universidad Simón Bolívar, los flujos migratorios indican que los extranjeros que vienen de la misma región fronteriza ya no lo hacen en tránsito sino que llegan de permanencia. Muchos, en busca de medios de subsistencia: unos son campesinos y otros son población que en el vecino país vivían en lo urbano. 

Los venezolanos llegan a trabajar en los diferentes ciclos de producción local, en la siembra de productos agrícolas, aprovechando, por ejemplo, la expansión de la palma, en la construcción, entre otros oficios; sin embargo, también preocupa que por su irregularidad en el territorio no puedan ser empleados con salarios y en oficios dignos y caigan en los caminos de la ilegalidad, en fenómenos como el contrabando o en la prostitución.  

Alarma que la zona del Catatumbo se vuelva atractiva por la expansión de cultivos ilícitos como los de coca. Las autoridades y algunas ONG que median en las zonas de conflicto han evidenciado el ingreso de menores, no acompañados, que van a los cultivos de coca o a hacer parte de los grupos armados organizados existentes.    

“No podemos decir con certeza cuántos migrantes venezolanos están en las zonas rurales; sin embargo, en municipios fronterizos como Herrán, Toledo, Ragonvalia, Cúcuta, Villa Rosario, Puerto Santander y otros al interior del departamento como Pamplona,  Chitagá  y en la zona norte del Catatumbo, se registra una alta presencia de venezolanos que en diversas ocasiones buscan oportunidades en las áreas agrícolas, donde hay actividad de cosecha y otras actividades que la mano de obra colombiana no han querido aprovechar”, indicó el secretario de Fronteras.

¿Cuál es el impacto de la migración venezolana en las zonas rurales?

Para el Gobierno departamental, el impacto de la migración trabajadora en la zona rural es positiva pues impulsa la cadena productiva, como se ha demostrado en el eje cafetero, donde se acogen miles de venezolanos para trabajar. Sin embargo, es necesaria la regularización de este tipo de empleos.

“El impacto que genera la migración rural permite una mayor competitividad, en el sentido de mayores volúmenes, pero también tiene el efecto negativo de desconfigurar el mercado laboral y baja las condiciones económicas, pues los migrantes trabajan a precios por debajo de las tarifas regulares. Además de esto, no aportan al sistema contributivo de salud y de protección social que tiene el Estado”, comentó Bautista.

Para los investigadores del programa académico de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar es importante construir una política pública para el campo que incluya a los extranjeros, aprovechando el interés de la academia, de los sectores productivos y de la cooperación internacional. Podría ser una ruta similar a la creada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el 2012, cuando el ente intergubernamental se involucró ayudando a las víctimas del desplazamiento interno colombiano mediante el Programa Migración y Ruralidad, con el fin de recoger y enfocar los diferentes esfuerzos realizados para apoyar a las instituciones del Estado colombiano en la gestión de la movilidad humana en las zonas rurales del país.

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