“Nosotros no estábamos preparados para esto; el mundo no estaba preparado para esto”, reconoce Freddy Bernal, enlace político del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el estado Táchira, al informar que el martes, tras la recepción de 2.135 personas retornadas desde Colombia, la capacidad de alojamiento en San Antonio y Ureña quedó saturada.

Hoy la cifra de ciudadanos del vecino país que fue devuelto, en medio de la crisis por el coronavirus, ya supera los 5.000, por lo que el plan de contingencia para recibir y atender  a los  migrantes retornados se extendió a Junín (Rubio), Capacho viejo, Capacho nuevo y finalmente a San Cristóbal donde ocuparon, en principio, las instalaciones deportivas.

(El hacinamiento es evidente en cada uno de los refugios que se ha dispuesto para albergar a los migrantes que regresan a su país.)

En la frontera, los primeros retornados que ingresaron, luego de pasar varios días hacinados en el terminal de pasajeros, fueron ubicados en dos grandes centros educativos que funcionan como refugio temporal durante la pandemia: el Liceo Nacional San Antonio, al que enviaron 72 Niños, 106 mujeres y 169 hombres para un total de 347 personas, 65 de ellas de la tercera edad. El otro fue la Unidad Educativa Víctor Manuel Olivares (Ureña), donde se encuentran albergados 11 Niños, 131 mujeres y 169 hombres, para un total de 311 personas, 36 de ellas de la tercera edad.

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Así mismo, se pudo conocer que en las oficinas del puente de Tienditas hay albergadas 329 personas, en el liceo Manuel Díaz Rodríguez (San Antonio) 352, en la escuela Tienditas 300 personas, 150 más en la escuela de El Palotal, en el liceo Concepción Palacios 180 y 250 en otras instituciones. 

Vecinos y docentes de estos centros educativos han denunciado las precarias condiciones en las que se encuentran los mismos.

La escuela no está apta para atender a las personas”, dijo Mariela Bautista, maestra de la escuela de Llano Jorge, quien aseguró que aunque lamentan la situación, la comunidad no cuenta con servicios públicos ni hay las medidas de seguridad necesarias para mantener allí a esas personas.

Javier Tarazona, expresidente del Colegio de Profesores de Venezuela y director de FundaRedes, destacó que las instituciones educativas “son víctimas desde hace varios años de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela”.

Aseguró que carecen de servicios sanitarios, acceso a agua potable de forma permanente y sufren cortes eléctricos de hasta 18 horas diarias.

“Si estas instituciones no pueden ofrecer condiciones adecuadas para las actividades académicas, menos estarán en condiciones de albergar a un promedio de 300 personas conviviendo y pernoctando en ellas por largos períodos de tiempo”, dijo, mientras explicaba que allí los salones de clase tienen un promedio de 40 metros cuadrados, por lo que los números ofrecidos públicamente por los voceros gubernamentales evidencian por sí mismos el hacinamiento que se está generando en estos espacios.

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Tarazona denunció, adicionalmente, que los grupos irregulares que operan en la frontera han respaldado las acciones de protesta por parte de la comunidad organizada en lugares como Llano Jorge, para impedir que las escuelas de la zona fuesen utilizadas como centros de recepción de migrantes retornados. 

“En Llano Jorge la guerrilla del Eln controla todo lo que sucede en este sector, y la protesta de los vecinos organizados recibió el respaldo de los cabecillas de esa organización, quienes se opusieron a que ingresaran los migrantes a la escuela por considerar que podrían ser agentes del contagio”, aseguró.

Entre tanto, Manuel Hernández, habitante de San Antonio, sostuvo que en la población mucha gente deambula en las calles, el ingreso por las trochas no para, hay aglomeraciones de personas para repartir comida y muchos se fugan de los refugios.

“Esto es un desastre, la ciudad se ha convertido en una bomba de tiempo, en un gueto para los ciudadanos”, exclamó.

En los municipios fronterizos de Pedro María Ureña y Bolívar se ha implementado un toque de queda entre las 4:00 de la tarde y las 10:00 de la mañana. La población permanece militarizada y todas sus vías de acceso han sido bloqueadas. 

Sin embargo, los caminantes encuentran formas para evadir los controles militares y sanitarios para continuar su largo regreso a casa.

Hacinados y con hambre

Además de la incertidumbre que los rodea, las quejas por el estado en el que se encuentran los venezolanos retornados no paran.

“Las condiciones son verdaderamente precarias. Les han limitado el uso de teléfonos para comunicarse y que no puedan denunciar lo que sucede”, dijo un periodista de San Antonio que logró hablar unos segundos con quienes se encontraban en uno de estos refugios, antes de ser evacuado del lugar por un funcionario militar. 

En videos e imágenes que ellos mismos han logrado difundir vía WhatsApp, se observan cocinando en improvisadas cocinas de leña y mostrando recipientes con alimentos en mal estado. Algunos vecinos les han colaborado con alimentos, burlando la vigilancia militar. “Es duro oír llorar de hambre a los niños. Estos son momentos para la solidaridad”, dijo una señora residenciada en las cercanías del liceo San Antonio.

La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, expresó su preocupación por el hacinamiento en los refugios al señalar que en estos espacios improvisados se pueden generar otras enfermedades  como dengue, lesiones en la piel, infecciones intestinales, descompensación de pacientes diabéticos e hipertensos, además de que preocupan las mujeres con embarazos de alto riesgo.

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“A esto se le suma la carencia de servicios públicos  como agua potable, luz y gas en la frontera, es decir, que estos lugares no cuentan con las condiciones sanitarias mínimas ni de alimentación”, dijo.

Gómez denunció el desinterés mostrado por los mandatarios regionales de los demás estados fronterizos, quienes no están cumpliendo con la cuarentena ordenada por el Ejecutivo nacional y pretenden desentenderse de su responsabilidad ante la pandemia de la COVID-19.

La gobernadora informó que han recibido la denuncia de dos ciudadanos, quienes aseguran que están ingresando al municipio Jesús María Semprún del estado Zulia por la frontera con Tibú, y fueron enviados a Táchira para ser atendidos. 

Aseguró que sostuvo una reunión con una comisión especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el tratamiento de los migrantes venezolanos que ingresan por la frontera.

“El propósito es establecer parámetros con las autoridades que nos permitan determinar las condiciones migratorias de estos ciudadanos que están retornando en medio de la pandemia por el estado Táchira, y le manifestamos nuestra preocupación por la situación de salubridad que se está presentando en la frontera  desde el pasado sábado, cuando fueron modificadas las medidas establecidas”, señaló.

Caravana hacia la frontera

Freddy Bernal afirmó que desde Ecuador, Perú y diversas ciudades de Colombia caminan hacia la frontera miles de venezolanos que han quedado económicamente desprotegidos en el exterior, debido a las medidas relacionadas con el manejo del coronavirus. 

Aseguró que “en los próximos días arribarán al Táchira toneladas de alimentos, colchonetas e insumos para atender a unas 15 mil personas por el tiempo que dure la cuarentena”.

Esa cifra guarda relación con lo dicho por el presidente Maduro esta semana, en cadena nacional, en donde señaló que estiman en 15.000 las personas que llegarán en las próximas semanas por la frontera colombiana.

Colombia ha recibido casi 2 millones de venezolanos de los 4,9 millones que han salido desde finales de 2015, movidos por la peor crisis de económica y social de la historia reciente en Venezuela, según la ONU.  

Según cálculos oficiales, el 95% de los retornados está ingresando a Venezuela por el Puente Internacional Simón Bolívar, mientras el 5% restante utiliza los más de 180 pasos ilegales a lo largo de la franja binacional.