Ha pasado un quinquenio de cierres intermitentes en las fronteras entre Colombia y Venezuela. Es complejo entender la ausencia de acciones frente a una situación que se ha deteriorado de manera dramática y sistemática. El diagnóstico es claro así como las posibles soluciones a implementar para dar respuesta a la ya inmanejable situación de crisis.
Desde el punto de vista puramente económico, era fácil observar el profundo deterioro en la economía venezolana, cuyo producto interno bruto total y per-cápita, cayeron durante estos años en un 58,2% y 55,8%, respectivamente, así como el comercio total (-61,1%), las importaciones (-75,3%) y las exportaciones (-49,7%), sumado a la reducción en las reservas internacionales (-59,5%) y el aumento en el endeudamiento externo.
Por otra parte, la evolución del comercio total binacional presentó una caída aún mayor para el mismo período (-82,2%), las importaciones desde Venezuela disminuyeron en -84,6%, las exportaciones de Colombia a ese país en (-81,5%) y las inversiones en la práctica se hicieron ínfimas hasta convertirse inclusive en negativas.
La mayor brecha que se presentó solamente puede ser explicada por los desencuentros políticos entre los gobiernos de los dos países y su corolario en el cierre de las fronteras terrestres, especialmente entre Táchira y el Norte de Santander, lo cual agravó la ya de por sí difícil situación económica, social, productiva y de seguridad existentes.
Adicionalmente, el cierre de los puentes para el paso del transporte terrestre provocó un crecimiento inusitado en el comercio ilegal y se constituyó en el principal “caldo de cultivo” para el contrabando, el crecimiento de grupos armados ilegales, la corrupción, las rutas del narcotráfico y la violencia.
A esta ya compleja situación se suma en los últimos dos años la migración inmensa de ciudadanos venezolanos a nuestro país, lo cual ha afectado la estabilidad económica, las cuentas sociales, especialmente en salud, niveles de desempleo e informalidad, no solo en el país sino sustantivamente en los departamentos y ciudades de la frontera.
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De otra parte, se produce un incremento en la denominada “migración pendular” de ciudadanos venezolanos e inclusive colombianos que viven al otro lado de las fronteras, la cual llegó a alcanzar casí 40.000 personas diarias, quienes efectuaban compras aparentemente legales y las que simplemente se constituyeron en exportaciones o importaciones no registradas.
Ahora, ese “espejismo” de bonanza para algunos sectores simplemente se esfumó por la presencia de la pandemia del COVID 19 y el cierre de los pasos legales para la circulación de personas. Sin embargo, datos oficiales dan cuenta de un flujo diario por las “trochas” de no menos de tres mil personas cada día, con los graves efectos que esto produce en el aumento del contagio y el deterioro de la salud de la población.
El diagnóstico es sencillo: los países, pero más que nada las fronteras se quedaron con el “pecado y sin el género”: crisis de los sectores productivos, comerciales, en los servicios de transporte, aduaneros, de logística, aumento del desempleo y el subempleo, la violencia, la ilegalidad y la xenofobia.
A diario, solo logran pasar 200 venezolanos para su país, de acuerdo con la orden del régimen de Maduro.
La solución de corto plazo ha sido planteada con claridad por los representantes de la sociedad civil y los gremios económicos regionales y binacionales: Es necesaria la apertura del transporte terrestre cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y protección de la salud, con el objeto de disminuir la migración “pendular” e ilegal que implica graves riesgos sanitarios, así como constituirse en un mecanismo efectivo y eficiente para afectar la acción delincuencial de los grupos ilegales.
Son decisiones que nada tiene que ver con el posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas puesto que en esencia únicamente significan la definición de alternativas objetivas para responder a las carencias urgentes en las fronteras, cuyo exclusivo fin es el de promover en las regiones la recuperación de la senda del desarrollo, la sostenibilidad, la justicia social y la dignidad.
La institucionalidad existe. A pesar del retiro de Venezuela de la CAN, se han negociado acuerdos bilaterales tanto en materia de comercio como de transporte que pueden ser aplicados, la infraestructura de puentes y carreteras está ahí, las aduanas tienen todas las herramientas logísticas en frontera esperando a ser utilizadas y las demandas y ofertas productivas, de comercio e inversión que contribuyan a la recuperación, se encuentran claramente identificadas.
Los ciudadanos y autoridades públicas en las fronteras están cada vez más conscientes de su destino común. Primero está la vida y la salud. Las respuestas frente a una crisis humanitaria como la descrita, no da espera. Constitucionalmente los gobiernos centrales pueden delegar en los mandatarios regionales para que, con base en el respeto de sus directrices políticas, adelanten acuerdos parciales para revivir la esperanza en las fronteras que hasta ahora parecerían condenadas a la desesperanza, el olvido y la soledad.
Germán Umaña M.
Director Cámara Colombo Venezolana.
