Muy cumplidas, como en otras ocasiones, unas 25 personas, de las 93 que aseguran haber sido estafadas por Juan de Dios Soto Gómez y Ángela Bacca de Soto, se presentaron esta semana en el Palacio de Justicia para la audiencia de formulación de imputación de cargos, pero la pareja ni su abogado aparecieron.
Fernando Rivera Ballesteros, quien representa a la mayoría de los afectados, entre ellos varios docentes, informó que los casos se remontan a junio de 2006 hasta el 2012, sin embargo el proceso no arranca y se dilata aparentemente para que venza el plazo legal de la acción penal.
“Juan de Dios en asocio con su esposa le ofrecieron a las personas un lote ubicado a las afueras del municipio de Sardinata, contiguo al acueducto municipal. Luego de mandar hacer unos planos sobre 2 hectáreas y dividirlo, los puso a la venta”, indicó el abogado Rivera Ballesteros.
Según se conoció, los denunciantes, residentes en Sardinata, se ilusionaron y pagaron con los ahorros de su vida para comprar un pedazo de tierra. Las víctimas pagaron de manera oportuna y el dinero fue consignado en una cuenta de ahorros del Banco Agrario, presuntamente a la señora Ángela Bacca.
“Dicho dinero fue retirado del banco y posteriormente le exigieron a los afectados más plata para que supuestamente el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les aprobara la subdivisión de la tierra, lo cual no tenía ningún costo. Incluso algunas personas entregaron dineros a una notaría por los trámites de escrituración”, subrayó el representante de los afectados.
Luego de entregar sus ahorros, las familias se quedaron esperando por sus tierras, pero tras una continua serie de evasivas decidieron denunciar a la pareja, que también reside en Sardinata.
Según Rivera Ballesteros, en su poder cuenta con 350 pruebas que dan cuenta de los dineros que las víctimas le entregaron a Juan de Dios Soto y a su compañera en los que habrían incurrido en los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal agravada.
“En un comienzo la Fiscalía local de Sarditana dio apertura a una investigación y Juan de Dios fue capturado, pero un juzgado de Cúcuta ordenó revocar la medida de aseguramiento”, agregó.
A la fecha, las víctimas calculan que el valor de los 104 lotes ofrecidos supera los $15 a $20 millones cada uno, para un total de casi $2.000 millones.
“Solicitamos la intervención de la Procuraduría a efecto de que no quedemos burlados y se haga la audiencia de formulación de la imputación y se inicie el proceso”, pidió unos docentes afectados.
Orden del juzgado
En vista de la ausencia de los indiciados, el Juzgado Octavo Penal Municipal, con función de control de garantías de Cúcuta, ordenó a la Fiscalía localizar a la pareja y al abogado que los representa. De lo contrario, será delegado con urgencia uno de la Defensoría del Pueblo.
Para el 4 de enero de 2018, a las 9:00 de la mañana, el juez fijo una nueva audiencia en el Palacio de Justicia.
