El 21 de mayo de 2016, cuando desarrollaba una investigación, fue secuestrada en El Tarra la periodista colombo-española Salud Hernández Mora. Posteriormente, el día 23 de ese mes, la misma suerte corrieron el periodista Diego Alonso D´ Pablos y su camarógrafo Carlos Alberto Calderón, del canal RCN, quienes cubrían la desaparición de su colega.
Los comunicadores sociales fueron retenidos por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) durante una semana y despojados de sus elementos de trabajo.
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Por estos hechos ocurridos en la zona del Catatumbo, un fiscal de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada presentó escrito de acusación contra los integrantes del Comando Central (Coce) de esa guerrilla y algunos jefes de frentes por los delitos de rebelión y secuestro extorsivo agravado.
Así lo informó la Fiscalía este lunes, la cual destacó que en las indagaciones realizadas “se constató que la periodista recorría la zona y realizaba una investigación sobre la erradicación de cultivos ilícitos”.
La profesional de la comunicación “habría sido engañada por dos presuntos integrantes del Eln, quienes se comprometieron con devolver el material que el día anterior, 20 de mayo, otro grupo de personas le quitó; pero en realidad se la llevaron hacia la vereda Buenos Aires, donde permaneció secuestrada durante siete días”.
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De acuerdo con el ente investigador, situación similar enfrentaron el reportero Diego Fernando Veloza Duque, quien era acompañado por dos locutores locales, William del Carmen Mora Trujillo y Zulay Ropero.
“Las tres personas fueron retenidas durante algunas horas por integrantes del Eln, quienes les impidieron continuar con el cubrimiento informativo del secuestro de la periodista española”. La Fiscalía también recordó que un año después, el 21 de mayo de 2017, los periodistas holandeses Derk Johannnes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender fueron secuestrados en El Tarra.
“Los reporteros realizaban un documental y buscaban a los padres biológicos de niños adoptados por parejas holandesas y, en el ejercicio de las labores de reportería, guerrilleros del frente Héctor del Eln los interceptaron, les quitaron el material de sus entrevistas y los trasladaron en medio de amenazas a la vereda Filo El Gringo, donde permanecieron en contra de su voluntad durante ocho días”.
El fiscal de estos casos identificó lo que sería una directriz del grupo insurgente relacionada con ejercer presión y coartar la función de informar de los periodistas que cuestionan y, en su concepto, lesionan los intereses de la organización.
“El material probatorio que reposa en diferentes expedientes daría cuenta que dicha instrucción sería promovida desde los máximo jefes del Eln hasta los cabecillas regionales”, según el ente, que identificó a los responsables de estos crímenes.
Los acusados
Nicolás Rodríguez Bautista o Gabino, Eliécer Herlinton Chamorro Acosta o Antonio García, Israel Ramírez Pineda o Pablo Beltrán, Rafael Sierra Granados o Ramiro Vargas, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía o Carlos Marin Guarín, también apodado Pablito, integrantes del Coce.
También José Leinner Franco Pérez, llamado ‘Barbas’ o ‘Marcos’, cabecilla del frente Héctor del, señalado de custodiar a los periodistas secuestrados y contra quien pesa una orden de captura.
Respecto a estos guerrilleros, se encuentra suspendida la orden de captura de Pablo Beltrán, por solicitud del Gobierno Nacional, según lo dispuesto en la Ley 418 de 1997.
