Hoy, deambular por los caseríos Pacolandia o La Invasión, La Punta, La Arenosita y El 25, que están muy cerca de Banco de Arena, un corregimiento ubicado a menos de una hora del casco urbano de Cúcuta, da miedo, no solo por el riesgo de la confrontación que tienen el Eln y las Atodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), sino porque parecen unos ‘pueblos fantasmas’.
La mayoría de las más de 300 familias que residen en estos sectores, decidieron salir huyendo, dejando sus casas y negocios sin importar que no tienen con que mantenerse económicamente. Solo pensaron en salvaguardar sus vidas.
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Aunque el desplazamiento de los habitantes se venía presentando lentamente desde el pasado 21 de agosto, cuando asesinaron en La Punta al líder comunal Eliécer Sánchez Cáceres y a Hernando Sogamoso, la noche del miércoles hubo una estampida de familias; algunas llegaron a la escuela de Banco de Arena, mientras que otras decidieron buscar refugio donde sus hermanos, tíos, abuelos o cualquier pariente que les brinde seguridad en otras poblaciones.
Pero este desplazamiento masivo ya estaba anunciado y las autoridades civiles, policiales y militares no hicieron nada para impedirlo, pues la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 035-2020, del año pasado, advirtió sobre la presencia de grupos armados ilegales, como el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), en el área metropolitana de Cúcuta y la vulneración de derechos humanos en el corregimiento Banco de Arena.
El desplazamiento de los habitantes de esta parte de la zona rural de la capital de Norte de Santander provocó de inmediato la reacción del alcalde Jairo Yáñez, quien por mensajes en Twitter lamentó lo que estaba pasando y señaló que, “desde que tuvimos conocimiento de la situación, un equipo liderado por la Secretaría de Posconflicto se encuentra coordinado todas las acciones urgentes de acuerdo al Plan de Contingencia adoptado por el municipio en Comité Territorial de Justicia Transicional”.
Las acciones
Lo primero que hicieron las autoridades municipales con las policiales, militares y Defensoría del Pueblo, fue reunirse de inmediato en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército, donde analizaron lo sucedido y decidieron enviar una comisión encabezada por la secretaria de Posconflicto, Elisa Montoya.
La funcionaria, con varios miembros de su equipo, al igual que algunos representantes de la Defensoría del Pueblo, llegaron hasta la escuela de Banco de Arena, donde se encontraban más de 300 personas, y luego de dialogar con representantes de la comunidad, decidieron informales a todos los desplazados que la mejor opción que tenían, era salir de la zona por un tiempo.
“Porque acá no les podemos garantizar que están seguros. La situación con los grupos armados está muy grave. En Cúcuta hay un albergue esperándolos, donde podrán estar por tres meses, mientras que las cosas se calman”, les indicó Montoya a los campesinos.
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El anuncio no cayó muy bien entre los habitantes de esa zona, pues esperaban noticias más alentadoras. “Nosotros no queremos dejar tirado lo poco que hemos conseguido con nuestro trabajo diario, qué vamos hacer a Cúcuta, si acá es donde están nuestras cosas. Es el colmo que nos digan que no nos pueden garantizar nuestra seguridad, ¿acaso nosotros somos delincuentes?”, manifestó uno de los tantos labriegos que estaban indignados.
Otro habitante del lugar aseguró que están viviendo un infierno sin deberle nada a alguien. “Acá los grupos ilegales nos amenazan por punta y punta. Uno de los grupos nos dice que no podemos irnos porque nos quemarán las casas, mientras que el otro nos da minutos para marcharnos y si no cumplimos, nos matan, entonces ahí qué podemos hacer”.
Además, otras personas aseguraron que tampoco pueden pedirle ayuda a la Policía o Ejército, pues también serán declarados objetivos militares. “Si algún grupo nos llega a ver cruzando una palabra con las autoridades también nos amenaza y hasta nos matan, esto acá está muy complicado. Nosotros simplemente queremos vivir tranquilos y trabajar para mantener a nuestras familias”, señaló otro campesino.
Hacia las 2:00 de la tarde, en dos buses que envió la Alcaldía de Cúcuta, la Secretaria de Posconflicto trasladó a 70 personas hacia el Centro de Integración Ciudadana (CIC), en el barrio Metrópolis, de Cúcuta, donde permanecerán mientras que la situación se calma en la zona rural. (ver recuadro ‘Quedaron en el albergue’)
La ley del más fuerte
Estas amenazas no son nuevas en esta parte de Cúcuta. Algunos habitantes de esa zona hace dos semanas le habían asegurado a La Opinión que se sentían ‘secuestrados’ en sus poblaciones. “Acá quienes imponen las leyes son los grupos armados ilegales. Por lo menos, los gaitanistas ya sacaron un toque de queda, donde no quieren ver a nadie en la calle ni con las puertas abiertas de sus casas, después de las 6:00 de la tarde”, señaló un habitante de la zona.
Añadió: “lo peor de todo, es que usted ve cuando los paracos pasan por Banco de Arena, La Punta o Palmarito en motos y armados, ni la Policía ni el Ejército hace algo para detenerlos”.
Las cifras de este año en la zona rural –que que colinda con Puerto Santander y la frontera con Venezuela– son preocupantes, pues el aumento de la violencia ha sido permanente. Entre enero y agosto de este año, los homicidios han aumentado 14%. Además de los desplazamientos ya mencionados, tres líderes sociales han sido asesinados y se registraron 2 atentados contra la Fuerza Pública.
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Entre enero y junio de 2021 se registraron 17 homicidios y solo entre julio y agosto de este año fueron asesinadas 15 personas.
Precisamente, el atardecer del miércoles, varios hombres que vestían uniformes parecidos a los de la Policía, portando armas, fueron de casa en casa en el sector La Invasión o Pacolandia y le dijeron a los habitantes que les daban 20 minutos para irse, porque si no lo hacían, los matarían.
A pesar de que a menos de cinco minutos está el casco urbano de Banco de Arena, donde hay una estación de Policía y se encuentra un pelotón de militares, no se pudo recobrar la tranquilidad y por eso se dio el desplazamiento masivo, no solo de La Invasión, sino también de La Punta, El 25 y La Arenosita.
“Cuando nos dijeron eso, todo el mundo comenzó a sacar algunas cosas y salimos corriendo hacia la escuela de Banco de Arena”, manifestó un habitante de la zona. Lo peor de todo es que ayer, en la mañana, algunas personas afirmaron que alcanzaron a ver a varios miembros de los gaitanistas moviéndose por la zona, delante de los militares que ahí permanecen.
Carlos Camargo, defensor nacional del pueblo, indicó que “desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las autoridades regionales y locales para establecer medidas de protección a la comunidad y activar todos los protocolos que permitan el traslado a Cúcuta y un lugar de albergue temporal ante el desplazamiento masivo que se genera en la zona rural”.
Funcionarios de la Regional Norte de Santander ya se encuentran en terreno, atendiendo las peticiones de la comunidad para iniciar la ruta de protección, lograr el traslado y garantizar el respectivo albergue. También han recibido las declaraciones a las víctimas y adelantan reuniones con líderes de la comunidad, quienes han expresado su preocupación y solicitan medidas para la garantía de los derechos de la comunidad.
Quedaron en el albergue
Ayer, en horas de la mañana, la Alcaldía de Cúcuta dio a conocer que, el Centro de Integración Ciudadana (CIC), en el barrio Metrópolis de Cúcuta, sería el lugar destinado para albergar a las familias desplazadas.
Con el apoyo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres, en el lugar se instalaron 32 carpas. De acuerdo con la información suministrada, el sitio cuenta con capacidad para 180 personas, con opción de ampliarlo para 240 en caso de ser necesario.
Huber Plaza, secretario de Gestión de Riesgos y Desastres, aseguró que, en el lugar se aplicarán todos los protocolos de bioseguridad, a fin de evitar la propagación de la COVID-19.
Asimismo, informó que, contarán con el apoyo de Imsalud, quienes instalarán un punto de atención, para brindar la atención que sea necesaria y de igual forma, realizar pruebas COVID.
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A las 2:00 de la tarde, se conoció que aproximadamente 70 personas llegaron al CIC. Pañales, kits de aseo para hombres, mujeres y niños, sábanas, colchonetas, toldillos, entre otros elementos les fueron entregados a cada una de las familias.
Elisa Montoya, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz, aseguró que, la institucionalidad ha estado brindando todo el apoyo a las familias desplazadas.
“Encontramos muchas familias desplazadas, aproximadamente 240 personas y muchas de ellas estuvieron más prestas a estar en casas de familia que en el albergue temporal”, dijo la secretaria.
La funcionaria señaló que, al albergue llegaron las personas que manifestaron voluntariamente salir del territorio, por lo cual, la administración municipal coordinó la logística para trasladar a las 70 personas que se traducen en aproximadamente 20 familias.
Mientras los niños encontraban con que entretenerse, los rostros de sus padres reflejaban angustia y tristeza, pues en cuestión de minutos lo habían perdido todo, una situación que para los más pequeños aun es difícil de comprender.
