La secuestradora del niño había sido registrada en una cámara de seguridad de un restaurante de Cali, por lo que se presumía que la delincuente, de nacionalidad venezolana, iría rumbo a Ipiales (Nariño), para pasar a Ecuador.
La Alcaldía y la Policía Metropolitana de Cúcuta habían aumentado la recompensa ofrecida por información sobre el paradero del pequeño, a 50 millones de pesos.