Fracasó el tercer intento por imputarle cargos al coronel Jorge Pérez Amézquita, involucrado en el crimen de Dimar Torres. En esta oportunidad, la abogada del militar, Diana Jennifer Prada, se excusó ante el estrado aduciendo que no pudo viajar desde Cesar hasta Bogotá para presentarse a la diligencia.
Tras conocerse las presuntas razones de la abogada, el juzgado reprogramó y citó para este jueves la audiencia en la que se espera que a Pérez Amézquita le formulen cargos por ser la persona que, al parecer, ordenó el crimen del excombatiente de las Farc cometido el 22 de abril del año pasado en la vereda Carrizal de Convención, Norte de Santander.
Esta nueva dilación se suma a una serie de intentos fallidos de la Fiscalía por procesar al militar. En mayo del año pasado se aplazó la diligencia a petición de la defensa de Pérez Amézquita, pero mientras se definía la nueva fecha los abogados interpusieron un recurso para que el caso pasara a manos de la Justicia Penal Militar.
La Sala Disciplinaria desestimó la petición y señaló que el caso debía continuar en la jurisdicción ordinaria que fijó como fecha el 19 de diciembre del año pasado. En esa oportunidad también hubo tropiezos y se decidió que sería este martes 21 de enero. De allí que las partes hayan expresado su malestar ante el estrado por la excusa de la abogada Prada aduciendo que no consiguió vuelo pese a que la fecha había sido informada hace más de un mes.
Por cuenta de este expediente, el cabo Daniel Gómez Robledo, también involucrado en el crimen, negoció un preacuerdo con la Fiscalía en noviembre pasado consistente en pagar 20 años de cárcel.
Preacuerdo
Cabe recordar que el Juzgado Segundo Penal Especializado de Cúcuta condenó al cabo segundo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo a 20 años de cárcel, por la muerte del excombatiente Dimar Torres.
“Se insta al ente investigador en la búsqueda de posibles autores, diferentes a la persona que hoy se condena”, señaló en el sexto punto del fallo.
Dicha petición, se sumó con la expresada por el representante de la víctima, quien manifestó preocupación por los insuficientes avances en el esclarecimiento de los hechos dado que Gómez Robledo, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía solicitando la terminación anticipada del proceso y aceptó los cargos por homicidio en persona protegida a cambio de una rebaja en la pena.
Cabe explicar que por esta vía, del preacuerdo, el suboficial evitó ir a un juicio oral y público y por consiguiente se omite el debate probatorio y se dicta de inmediato sentencia condenatoria.
Antes de ser aprobado dicho preacuerdo, acordado el 9 de julio de 2019 entre las partes, la jueza preguntó al militar si lo firmó de manera, libre, consciente y voluntaria, respondiendo afirmativamente: “Sí, su señoría”.
La audiencia se cumplió de manera virtual, puesto que el cabo está detenido en un batallón de Bogotá, en enlace con la Fiscalía, abogados y delegados de la Procuraduría.
Los familiares de Dimar Torres no estuvieron presentes, sin embargo un grupo de excombatientes del Partido FARC hizo presencia en la diligencia judicial, en acompañamiento al proceso, al igual que delegados de la Organización de Naciones Unidas.
La sentencia contempla además que deberá pagar una multa de 1.333 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Estado, la prohibición para portar armas por el mismo periodo de la condena, sin ningún tipo de beneficios adicionales.
El descuento correspondió al 50 por ciento en la pena por ser presentado antes del escrito de acusación en su contra.
