“El cabo no solo acabó con la vida de Dimar, de toda una familia y de una comunidad, sino que le hizo un gran daño a lo más entrañable que es la paz de Colombia, al ejecutar a una persona de las Farc. Es un mal mensaje para el proceso de paz, la muerte de un civil protegido”, señaló la Fiscalía, en la audiencia que culminó este martes con la medida de aseguramiento intramuros en contra de  Daniel Eduardo Gómez Robledo, cabo segundo del Ejército, implicado en la muerte de Dimar Torres Arévalo, exguerrillero de las extintas Farc.

El militar, oriundo de Bogotá, no aceptó los cargos que le imputó el ente investigador por homicidio en persona protegida, por hechos ocurridos el pasado 22 de abril cuando iba camino a su casa en la vereda Campo Alegre (Convención).

La audiencia se llevó a cabo ante el Juzgado Segundo Penal de Garantías del Circuito de Ocaña con presencia de la Fiscalía, un representante  de la víctima, la defensa del militar y el procurador delegado.

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La Fiscalía detalló que aquel día a las 5:20 de la tarde Dimar iba en su motocicleta Suzuki desde el corregimiento de Miraflores y en el sitio denominado como Carrizal fue detenido por el cabo Gómez Robledo, quien lo cuestionó y recriminó. 

“Acto seguido, le apuntó con el fusil 5.56 e impactó en cuatro oportunidades, ocasionándole heridas mortales (malar y nasal de la cara, lateral escapular del brazo izquierdo, glúteo y muslo izquierdo). El cabo arrastró hasta la otra orilla el cadáver y regresó para llevar la moto hacia el matorral”, explicó el fiscal.

De acuerdo a la narración, el militar no contaba con la existencia de un testigo directo, que observó toda la escena donde Dimar estaba sentado (en la moto) y asustado por la acción del uniformado. Minutos después, se escucharon los disparos y avisó a la comunidad que se trasladó al campamento militar en donde encontraron la escalofriante escena del crimen.

El resultado de la necropsia estableció que no hubo tortura, ni mutilaciones a la víctima como informaron en redes sociales. Precisa que por los orificios de salida del disparo por el escroto se registró una inflamación en esa región. 

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Persona protegida 

“Aquí ocurrió un delito en persona protegida y existen elementos de prueba. Murió un campesino dedicado a la agricultura en unos terrenos prestados por su hermano, desde el día que decide acogerse a los programas de reincorporación civil con la dejación de armas”, agregó el ente investigador, tras solicitar la medida de aseguramiento privativa de la libertad y considerar al militar como un peligro para la sociedad.

En su intervención, agregó que Dimar no solo cosechaba productos, sino que era un líder para la comunidad y hasta hacía unos meses oficiaba como conciliador y estaba acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para La Paz como desmovilizado y  reincorporado a la vida civil.

“Es absurda la versión donde se afirma que el campesino intentó arrebatar el fusil (al militar) desde una posición sentado en la moto. Además, pruebas de balísticas determinan la cercanía del fusil con la cabeza”, detalló.

El hueco

El delegado del fiscal cuestionó la intención del militar de alterar la escena del crimen y no se explicar cómo arrastró el cadáver hacia el matorral.

Igualmente, la existencia de un hueco, cerca a la base militar, y la manera como pretendió negar información. Además, de la demora en la notificación a sus superiores. 

“Solo a eso de las 4:30 de la madrugada del otro día, supuestamente se percató un teniente (de los hechos). Por qué se demoraron en reportar la muerte de un civil. Entonces, hay algo más de fondo”, sostuvo.

El padre de Torres Arévalo clamó justicia y pidió una condena de 50 años de cárcel para el suboficial.

“Nos ha hecho un gran daño, que lo amarren y lo metan a la cárcel para que pague por la infamia que cometió”, dijo.

“Me quitaron un pedazo de alma”

(José Manuel Torres, un labriego y padre de Dimar, de 74 años, llegó junto a su hija Mary Leidy a la sala de audiencias.)

Achacado por el paso de los años y el rostro desencajado de tristeza por la muerte de su hijo, que era su apoyo, llegó hasta el Palacio de Justicia de Ocaña el padre del excombatiente de las extintas Farc.

José Manuel Torres, un labriego, de 74 años, estuvo junto a su hija Mary Leidy en la sala de audiencias y allí, a escasos metros, estaba sentado el cabo. 

Su hija no dejaba de llorar, se tapaba la cara para sufrir en silencio la ausencia de su hermano, pero las lágrimas que se escurrían por los dedos delataban una gran tristeza.

José Manuel con la pena que le atraviesa el alma recordó a su hijo, de 39 años, que -dijo- veló por el bienestar de las comunidades. “No es porque sea mi hijo, pero era muy buena persona, con esa muerte me cortan las manos, ya que me mantenía con el sueldito que le llegaba del Gobierno”, afirmó.

El agricultor aseguró que su hijo nació enfermo de las extremidades inferiores y duró mucho tiempo para caminar. 

“Fue un milagro y superó esa dificultad, a los 14 años comenzó a trabajar en el campo y me ayudaba mucho. Por la difícil situación económica y la influencia de los amigos a los 25 años decidió ingresar a las filas de las Farc”, agregó el padre.

Luego estuvo 4 años en la cárcel por rebelión hasta cuando se iniciaron los diálogos y se acogió a los planes de reinserción.

“Estaba muy contento con la vida civil, hacía planes y se organizó con la mujer que está embarazada. Añoraba con tener unas novillas y montar una tienda comunal para mejorar las condiciones de su familia”, recordó.

Así mismo, este padre de ocho hijos, consideró que era aterrador que presuntamente los militares pretendieron enterrar y desaparecer a su hijo. 

“Con gran alegría porque iba a tener un hijo viajó a la vereda a comprar unas rulas para entregarla a unos obreros y adecuar la tierra. Se acabó todo, nos puso a aguantar hambre, por eso no se puede quedar impune ese crimen”, exclamó.

Hermana y esposa 

La hermana Mary Leidy no supera el dolor por la pérdida de Dimar y lo recuerda como una persona amorosa y que le gustaban mucho los niños.

“Cuando se enteró que su esposa estaba embarazada se llenó de dicha (...)”, exclamó.

Asegura que su hermano era un líder social, que le gustaba la conciliación de conflictos y murió sin ver en paz la región del Catatumbo.  

“No sentía temor porque no debía nada, desde niño tenía una discapacidad en los pies y los dedos de la mano, cortados accidentalmente por una motosierra”, agregó con los ojos rojos de tanto llorar.

Agobiada por el dolor y debido al estado de gravidez, Alexandra, la esposa de Dimar no pudo asistir a la audiencia de imputación de cargos al cabo segundo del Ejército.

“Ella ha sufrido mucho con todo esto, nos da miedo que pierda el bebé. Yo le di mucha fuerza y le dije que es el único recuerdo que tendremos de mi hermano y que debe cuidarse. Dimar anhelaba tener una niña”, dijo la familiar.

La hermana asegura que perdona a los militares por lo ocurrido y espera que sea un precedente para aclimatar la paz.

“Si es un hombre será llamado Manuel y si es una niña él quería ponerle Olguita”, concluyó.