El Tribunal Superior de Cúcuta condenó a 131 meses de prisión a Samuel Darío Rodríguez Duarte, quien se desempeñaba como juez tercero laboral de Cúcuta.
Rodríguez Duarte fue sentenciado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, tras agotarse el debate probatorio y de ser emitido el sentido de fallo de carácter condenatorio.
La sentencia contempló además una multa de 233,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad de 170 meses para desempeñar cargos públicos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el juez habría decidido varios fallos de tutela que eran improcedentes y que según la sentencia fueron contrarios a la ley, por cuanto no se cumplió en ninguno de los casos, con el requisito de inmediatez y subsidiariedad.
“Dentro de las tutelas, tachadas de improcedentes, se encuentran las de algunos extrabajadores de Ecopetrol que participaron en la huelga de 2004, a través de las cuales pidieron el reintegro y la liquidación de derechos laborales, pretensiones a las que accedió el juez en sus decisiones”, dijo la Fiscalía.
Otro caso tiene que ver con Hernando Hernández, expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO), en el que se ordenó a su favor el computo del periodo durante el cual estuvo privado de la libertad, para efectos de liquidar sus prestaciones sociales, pensión de jubilación y demás beneficios laborales convencionales, como la reliquidación de la pensión y el pago de las diferencias de dinero.
A prisión
A pesar de que la defensa de Rodríguez Duarte solicitó la casa por cárcel, tras argumentar que el exjuez sufre de un trastorno de pánico-depresivo debido a situaciones personales y de su actual situación judicial, el Tribunal ordenó que la pena sea purgada en prisión, donde deberán prestarle los cuidados necesarios.
Otro caso
Pero, este no es el único caso que enfrenta Samuel Darío Rodríguez Duarte. En días pasados, la Fiscalía abrió un nuevo proceso en su contra y le imputó cargos por concierto para delinquir, prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
En esta nueva imputación de cargos, la Fiscalía anunció que también fueron llamados siete abogados, como presuntos responsables de auspiciar un entramado ilegal en el que fueron presentadas y falladas irregularmente tutelas que afectaron el presupuesto de Ecopetrol en $137.475’480.065.
