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Dos días después volvió la calma entre soldados y campesinos en Tibú

Viernes, 29 de Octubre de 2021
Los militares estuvieron retenidos por los campesinos.

La mediación de una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Personería de Tibú, permitió reestablecer la normalidad en la vereda Orú 7, zona rural de Tibú, la tarde de ayer, luego de la retención de al menos 180 hombres del Ejército, por parte de los campesinos cocaleros de ese lugar.

 

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Así lo confirmó Carlos Camargo, defensor del Pueblo, quien aseguró que “se logró poner fin a la obstrucción de las labores de al menos 180 soldados del Ejército Nacional que se encontraban en la vereda Orú 7, de Tibú, adelantando labores del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito”.

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Desde Cúcuta, Jaime Marthey, defensor regional, lideró el Puesto de Mando Unificado, para coordinar la labor de la comisión que viajó desde Cúcuta, la madrugada de ayer, hasta la cancha de la vereda Chiquinquirá, donde los seis pelotones de soldados permanecían retenidos.

En la zona del hecho, los representantes de la Defensoría, junto con la Personería de Tibú, mediaron en las conversaciones con los representantes de los campesinos y el Ejército, lo que finalmente permitió que se solucionara la situación.

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“Como defensor del Pueblo rechazo las vías de hecho y reitero la importancia del diálogo como mecanismo fundamental para lograr acuerdos entre las partes, siempre sobre la base del respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin distingo de condición alguna”, insistió Camargo.

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Según el comunicado de la Defensoría, luego de las conversaciones, la comunidad campesina, de manera unilateral, decidió retirarse del lugar y “no impedir el trabajo de la Fuerza Pública”.

Sin embargo, esta retención revivió la tensa relación que hay en el Catatumbo entre los campesinos y el Ejército, por cuenta de la ofensiva contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

 

Organizaciones campesinas

Mientras que el general Omar Sepúlveda, comandante de la segunda división del Ejército, calificó el hecho como “un secuestro”, las organizaciones campesinas como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), aseguraron que los labriegos se manifestaron de manera pacífica “y espontánea, en señal de rechazo ante estas acciones de fuerza e incumplimiento, al mencionado programa de sustitución”.

El oficial aseguró en una rueda de prensa, que los militares fueron “secuestrados” por más de 600 campesinos, “que le cumplen tareas a los cocaleros de la región, básicamente amparados bajo Ascamcat y Coccam, asociaciones campesinas, pero dedicadas al negocio ilícito del narcotráfico”.

Esta afirmación del general Sepúlveda generó el rechazo de las organizaciones de campesinos y la calificaron como una estigmatización y sentencia de muerte y judicialización en el Catatumbo.

Ascamcat aseguró que las protestas de los campesinos se basan en el rechazo al incumplimiento del Gobierno Nacional, al programa de sustitución.

Además, dijo que los campesinos aseguran que el Ejército ha impedido el libre movimiento en el lugar, “han hurtado sus pertenencias y se ha registrado un intento de violación en contra de una mujer campesina del sector”.

Sin embargo, sobre esto no se conocen denuncias formales contra los militares. Mientras tanto, el general Sepúlveda insistió en que, a pesar de que los soldados fueron insultados e intimidados con machetes, palas y hasta les intentaron quitar los fusiles, ellos no usaron sus armas de dotación ni la fuerza, para evitar confrontaciones con la población.

El oficial insistió en que el Ejército continuará con las labores de erradicación y de la protección de los bienes del Estado.

Entre tanto, Diego Villamizar, defensor de los derechos humanos, aseguró que la Fiscalía debe adelantar una intervención especial en Tibú, luego del hecho sucedido con los militares.

“Se debe judicializar a una serie de organizaciones campesinas que solo son fachadas del narcoterrorismo y que sus líderes están plenamente identificados; existe un cartel de ‘Chalecos Azules’, ya que cualquiera se autodenomina defensor de derechos humanos para limitar el accionar legítimo de nuestras fuerzas militares en la zona”, dijo.

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