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En el área metropolitana de Cúcuta están matando más mujeres

Domingo, 18 de Julio de 2021
Según el análisis del Border Lab, en 43% aumentaron los asesinatos de esta población.

El pasado jueves 9 de julio, en la finca La Laguna, asesinaron a la lideresa social Gertrudis Hernández Leal. Ese sitio está a una hora y media del casco urbano de Cúcuta, por la vereda El Suspiro, y la única vía que hay para poder llegar allá se mantiene por obra y gracia de Dios.

Su crimen provocó revuelo en esa parte de la zona rural de Cúcuta que está entre El Zulia y Puerto Santander. Todos conocían a Gertrudis por su trabajo, no solamente en la vereda, sino también en el corregimiento Palmarito y otros caseríos cercanos. Durante varios años se dedicó a ayudar y a liderar diferentes proyectos para favorecer a las mujeres de estas comunidades.

Tal fue la dedicación de Gertrudis Hernández, de 61 años, hacia las mujeres de esa zona, que para marzo de 2009, María Eugenia Riascos, entonces alcaldesa de Cúcuta, le otorgó el galardón de ‘Mujer Ambientalista’ por cuenta de su labor en las problemáticas sociales y ambientales generadas por la siembra de cultivos ilícitos, siendo una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Forestales de Palmarito.

Esa actitud pacífica y de siempre estar alejada de los problemas, especialmente en esa zona donde llevan años conviviendo con el fenómeno de los grupos armados ilegales, habría provocado su muerte.

Haberse rehusado a ayudar a un grupo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) que llegó la tarde del miércoles 7 de julio a su finca, ofendió a esta organización y dos días después enviaron a un hombre para que la asesinara de cuatro disparos.

Pero Gertrudis Hernández no es la primera mujer que matan en la zona rural de Cúcuta. Este año han asesinado a varias de ellas, como el hecho ocurrido la tarde del 26 de mayo, donde las miradas de los habitantes de Aguaclara eran las únicas que hablaban. La ley del silencio reinó en este sector que está en la vía a Puerto Santander.

El cadáver de Inés Hernández, a quien conocían como ‘La Flaca’ y que dejó una menor de 9 años, estaba rodeado de policías e investigadores judiciales, quienes tardaron al menos dos horas en llegar al lugar, después de garantizar las medidas de seguridad. Las mismas autoridades saben que allí confluyen el Eln y los Gaitanistas, dos grupos ilegales que están en guerra por el territorio, especialmente por el manejo del narcotráfico, extorsiones y control de las trochas que llevan a Venezuela.

Este panorama es un gran obstáculo para que las autoridades judiciales tengan una hipótesis clara de cada uno de los hechos violentos que se vienen dando desde diciembre de 2020, especialmente contra las mujeres.

Los grupos armados ilegales siguen matando mujeres.

Homicidio de mujeres creció el 43%

 

Cada homicidio se suma a una estadística escalofriante que va al alza en 2021 en todo Norte de Santander, y que hasta el pasado 14 de julio alcanzó un total de 27 mujeres asesinadas.

En el área metropolitana de Cúcuta, entre enero y mayo de este año, los homicidios crecieron en al menos el 43 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según el más reciente informe publicado por informe de Border Lab, basado en las estadísticas de la Policía.

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“Llama la atención y debería ser motivo de alerta el incremento de este delito contra la mujer, el cual ha aumentado en 43% en lo corrido del año. Esto preocupa, dado el contexto regional y fronterizo en el que la mujer ha sido particularmente victimizada, aunado al reciente incremento de los homicidios contra la mujer en municipios como Tibú”, señaló el informe.

Y este incremento en el área metropolitana se está dando precisamente en las zonas rurales de dos municipios, donde hay una lucha armada entre los Gaitanistas y el Eln, que son Puerto Santander y El Zulia. Pero además, esa guerra también ha provocado desplazamientos y desapariciones.

 

Una situación preocupante

 

Pese a este alarmante crecimiento y a las cifras que se han dado a conocer, en Cúcuta no se refleja ningún plan o estrategia de seguridad que les permita a las mujeres mantener su integridad, deteriorada en lo corrido de este año.

Indagando con las autoridades responsables, se conoció que las acciones que se están adelantando se limitan a la creación de una mesa de trabajo para analizar los índices del delito contra ellas, como lo aseguró Alejandro Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta.

El funcionario dijo que esta mesa está conformada por las secretarías de Seguridad, Gobierno, Equidad y Género y Educación, así como la Policía, Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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Al igual que Martínez, Johana Reyes, secretaria de Equidad y Género de Cúcuta, afirmó que en Cúcuta no hubo incremento de muertes de mujeres, porque tanto en 2020 como hasta mayo de 2021, ocurrieron seis hechos.

Sin embargo, las estadísticas reveladas por el Border Lab aseguran que entre enero y mayo de este año, en el área metropolitana de Cúcuta ocurrieron 10 muertes, en comparación con siete del año pasado.

Reyes señaló que, en Los Patios, San Cayetano y Villa del Rosario, municipios en los que en 2020 no se registraron crímenes de mujeres, este año sí fueron escenarios de violencia para esta población.

“Esto nos implica una mayor exigencia en la articulación de las acciones para hacer frente a los homicidios de mujeres. Desde la Alcaldía de Cúcuta nos hemos sumado a hacer presencia institucional en zonas de alta complejidad, hemos adelantado encuentros en espacios interinstitucionales para articular estrategias en prevención y mitigación de riesgos, con el fin de proteger a las mujeres”, sostuvo la funcionaria.

Pero hay defensoras de los derechos de las mujeres que afirmaron que esas acciones que se adelantan son solo de prevención y que en muchos casos no se aplican y que cuando sucede un caso, el accionar es casi nulo por parte de las autoridades.

 

27 mujeres han sido asesinadas este año.

El contexto de la violencia

 

Ana Margarita González, abogada de la organización Women´s Link, aseguró que la violencia contra la mujer en Norte de Santander se da en medio de tres factores fundamentales que constituyen un cuadro vulnerable para esta población: el conflicto armado, precariedad socioeconómica y migración masiva.

Según la profesional del derecho, los grupos armados ilegales, que se financian, entre otras rentas criminales, con el cobro de personas por el paso por las trochas desde y hacia Venezuela, ponen en constante riesgo a las mujeres.

“La Defensoría del Pueblo ha alertado de la confrontación y el desplazamientos de familias mixtas hacia Colombia, lo que aprovechan estos grupos”, indicó González.

También afirmó que algunas mujeres son obligadas a la explotación sexual para conseguir su sustento en territorio colombiano, siendo el blanco fácil de los grupos ilegales, que en la mayoría de los casos, también las convierten en expendedoras de drogas, dejando a su paso una escala de riesgos y de hechos de violencia.

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“Los asesinatos, las desapariciones y los feminicidios se dan en este contexto generalizado de violencia con vulnerabilidad”, puntualizó la abogada de Women´s Link.

El coronel Fredy Barbosa, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), aseguró que se adelantan las investigaciones de las muertes de mujeres para tener certeza de los factores que condujeron a estos crímenes.

“Indagamos en qué contexto se produjo la muerte, si fue solo por la condición de mujer o hay otros factores que se relacionen con el hecho”, explicó el oficial.

Barbosa explicó que, sin embargo, la mayoría de estos hechos lamentables se han registrado en zona rural. “Estamos llegando en conjunto con el Ejército para tener acercamiento a estos casos y brindarle seguridad a la población”.

Adriana Pérez, directora del Observatorio de Género de Norte de Santander, insistió en que es primordial que las instituciones del Estado se articulen con las organizaciones de la sociedad civil que buscan proteger los derechos de las mujeres, con el fin de crear estrategias conjuntas que garanticen la vida de esta población vulnerable.

“Es urgente cumplir los compromisos estatales establecidos en la ley, no solo para la atención de violencia contra las mujeres, sino en la prevención e investigación de los hechos, que busquen el restablecimiento de los derechos y que garantice la no repetición de estos actos de violencia”, manifestó Pérez.

Asimismo, dijo que una de las falencias que ha sido detectada desde el observatorio, es que las autoridades competentes para investigar los crímenes contra las mujeres, no han contemplado la posibilidad de configurar estos hechos como feminicidios, porque solo los analizan como homicidios.

Y sobre esto, una experta en el tema, que prefirió el anonimato, aseguró que la Fiscalía como la Policía no configuran estos hechos como feminicidios, argumentando que no se están dando en su condición como mujer, “siendo totalmente falso, porque si se analiza en detalle a estas víctimas las han asesinado porque tienen algún tipo de relación sentimental o personal con alguien de la Fuerza Pública o porque simplemente no acceden a las pretensiones de los grupos armados ilegales, la verdad es que la ley de feminicidio es muy amplia y en cada uno de los casos se puede aplicar perfectamente”.

Adriana Pérez también resaltó que en los registros que se analizan en el Observatorio de Género, se estableció que, entre el 1 de enero y el 10 de mayo de este año, han ocurrido 118 hechos de violencia contra la mujer, en Cúcuta, que no son, necesariamente, homicidios.

La directora de esta organización dijo que el 16 por ciento de las víctimas de estos hechos son mujeres transgénero, ubicadas en el centro de la ciudad. “El 80 por ciento de los agresores son agentes de la Fuerza Pública, lo que deduce el incumplimiento de las obligaciones constitucionales para garantizar la protección y la seguridad”.

En Cúcuta también están asesinando mujeres.

El crimen por municipios

 

En el informe de Border Lab quedó demostrado que El Zulia tuvo un incremento del 500 por ciento de los homicidios registrados en los primeros cinco meses del año, en comparación con el mismo tiempo del año pasado.

Mientras que en 2020, en este municipio que está a 20 minutos de la capital de Norte de Santander, ocurrió un solo homicidio de una mujer, este año se han registrado seis asesinatos de ellas, lo que arrojó una diferencia de cinco casos violentos.

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Puerto Santander es otra población donde también se han incrementado las muertes violentas de mujeres, teniendo una diferencia de nueve casos, lo que representa un incremento de 300 por ciento de estos homicidios.

El año pasado, en este municipio fronterizo ocurrieron tres homicidios, mientras que, entre enero y mayo de este año, hubo doce asesinatos de mujeres.

 

Tibú, una población peligrosa para las mujeres

 

María Fernanda Ovalles Carrillo, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Norte de Santander, aseguró que ha mantenido un seguimiento a las muertes y amenazas contra las mujeres en Tibú, solicitando la atención inmediata de las autoridades competentes para activar las rutas de atención. “Hemos oficiado al Defensor Regional del Pueblo de Norte de Santander, al coordinador de procuradores penales y al director de Fiscalías”.

Además, señaló que el pasado 10 de junio, se reunió con Gheidy Gallo, consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, para analizar la situación de violencia en Tibú, arrojando algunas conclusiones y acciones, entre las que está la recompensa de hasta 50 millones de pesos por la información que conlleve a la captura de los responsables de las muertes y amenazas de las mujeres en esta población.

Aunque la funcionaria y las autoridades departamentales aseguran que han ocurrido ocho muertes de mujeres en Tibú, hasta el momento se han registrado diez casos en esta población, desde abril.

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Pero, a pesar de lo dicho por Ovalles, una fuente cercana a esta situación que hoy viven las mujeres, aseguró que hasta el momento las acciones para controlar lo que está pasando y dar con el paradero de los responsables de los crímenes, son insuficientes.

“Y una clara muestra de eso es que 19 mujeres y un integrante de la comunidad LGBTI han salido huyendo de Tibú por las amenazas que han recibido. Además, de los asesinatos que se han cometido, no se sabe nada, solo se ha escuchado que sindicaron a dos presuntos comandantes de la disidencia de las Farc, pero de ahí no se pasa”, explicó la fuente.

Esas mujeres que tuvieron que irse de Tibú hoy están refugiadas y apoyadas por organizaciones internacionales, “porque ni la Alcaldía ni ningún ente gubernamental tiene dinero, siempre dicen que se les acabó, esa situación de ellas es terrible, porque cuando les digan que no las pueden seguir apoyando, qué va a pasar con ellas, es algo muy grave, nadie se ha querido hacerse cargo de nada”, sostuvo la fuente.

Entre esas víctimas hay casos muy delicados, “que parecieran no importarle a nadie. Por lo menos hay una mujer que tuvo que salir huyendo porque dos hombres en moto llegaron a su casa y le dieron 24 horas para irse. Pero para que viera que no era una simple amenaza, violaron a su hija. También hay tres enfermeras que salieron de allá y perdieron hasta su trabajo, ahora nadie las está ayudando. Al integrante de la comunidad LGBTI lo amenazaron de muerte para que no organizara el reinado que se hacía todos los años en Tibú”, manifestó la fuente.

Los que están apoyando a estas mujeres, han podido ver que quienes las amenazaron tenían un patrón muy particular: eran siempre dos hombres en moto, armados, que llegaban a sus casas y les decían que les daban 24 horas para irse porque si no las matarían, asegurando que estaban de informantes de la Policía y el Ejército.

Sobre los asesinatos de las 11 mujeres en Tibú, entre ellas la fiscal primera seccional de esa población del Catatumbo, Esperanza Navas, es muy poco lo que se ha sabido.

“Haciendo una análisis de esos casos, se puede ver que es algo sistemático, porque las muertes son porque ellas han tenido algún vínculo laboral o personal con la Policía o Ejército. Es más, en uno de los tantos consejos de seguridad que se han hecho, estuvo la fiscal asesinada y ella decía que no podían tratarse como feminicidios, porque no había material probatorio suficiente, no sabemos por qué las autoridades siempre acomodan todo a su modo”, indicó la fuente.

Añadió: “dicen que no es feminicidio porque no es sistemático y no hay nada que indique que los crímenes se cometieron por su condición de mujeres, pero si miramos a fondo, entonces esos videos y panfletos que hicieron circular, donde las trataban mal a ellas y las tildaban de muchas cosas, solo por tener un tipo de acercamiento a la Fuerza Pública. Definitivamente en Tibú no hay Estado, los que mandan son los grupos armados ilegales”.

Precisamente, por esta situación que se vive, no solamente en Tibú sino también en el área metropolitana de Cúcuta, la semana pasada estuvo en la capital de Norte de Santander, Angela Benedetti, encargada de los temas de género de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional.

La funcionaria se llevó una clara radiografía de lo que está pasando en el departamento y será la encargada de verificar cómo avanzan las investigaciones y qué ayudas le están prestando a estas víctimas.

Extraoficialmente se conoció que la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander, entre enero y junio de este año, ha conocido 667 casos de violencia de género, de los cuales no se ha conocido alguna acción contundente por parte de las autoridades judiciales.

A raíz de todo eso, este organismo emitió varias alertas tempranas sobre lo que iba a suceder contra la mujer y aunque les fueron enviadas a las autoridades, nadie hizo algo para evitarlo.

Y lo peor, es que esa problemática se está extendiendo a la zona rural de Cúcuta, El Zulia y Puerto Santander. “Y en un par de semanas verán como en Sardinata, especialmente en los corregimientos Las Mercedes y Luis Vero, también se comenzarán a presentar casos en contra de las mujeres”, contó la fuente.

Finalmente, la secretaria de Género explicó que ante esas situaciones, ya tienen establecido el fortalecimiento del mecanismo articulador entre el departamento y Cúcuta, así como la puesta en marcha de una Casa Refugio para la atención de violencias en contra de las mujeres aunando esfuerzos entre el Gobierno Nacional y Norte de Santander.

También habrían fijado la estrategia de Patrulla en Casa por parte de la Policía, para hacer estrategias de prevención de violencias con especial foco en los municipios que hacen parte de la región de Catatumbo.

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