Cuando se esperaba que la Fiscalía presentara el escrito de acusación en contra de Edgar Cruces Medina, juez primero civil municipal de Los Patios, el juicio cambió de rumbo luego de que este aceptara los cargos en busca de un beneficio en la pena.

Cruces Medina fue detenido en julio de 2016 junto a Francisco Rogelio Niño Jaime, juez segundo de tierras de Norte de Santander; Luisa María Carvajal López, oficial mayor del juzgado civil municipal de Los Patios; Wolfang Ricardo Báez Sepúlveda, secretario, y los abogados litigantes Farid Zafra Arias y María Cristina Uribe Vera.

Todos ellos fueron señalados, entre otros casos, de disponer remates de bienes de manera arbitraria y contraria a la ley, resultando beneficiados postores que eran escogidos con antelación.

Por tratarse de un funcionario judicial, la audiencia se efectuó ante la sala penal del Tribunal Superior de Cúcuta. Antes de iniciar la diligencia, la Fiscalía Novena  anunció y leyó el preacuerdo al que llegó con Cruces Medina, de 49 años, quien se encuentra con medida de aseguramiento en una prisión en Bogotá.

El procesado aceptó su responsabilidad por los delitos de cohecho impropio (recibir alguna clase de favor, prebenda o dinero por parte de una persona a la que tiene que juzgar o sobre la que ha de tomar una decisión) y  concusión (cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza).

Además de asesoramiento ilegal (empleado oficial que ilegalmente representa, litiga, gestiona o asesora en asunto judicial, administrativo o policivo), y concierto para delinquir agravado (concertarse con otras personas para la realización de delitos, más grave aun siendo un funcionario público).

Como único beneficio, la Fiscalía informó que degradó su conducta de autor a cómplice, lo que le representa una rebaja en la pena, que fue tasada en 5.4 años de prisión, 56 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y reintegrar $18 millones.

Los hechos

La Fiscalía recordó que la  investigación nació en julio de 2015 luego de que Maura Yolanda Jaimes Arias, condenada a 10 años de prisión junto a dos de sus hermanos (por concierto para delinquir, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares), decidiera colaborar con la Justicia.

Los hermanos aceptaron haber estafado a varias personas, quienes engañadas pagaron por económicas viviendas, producto de falsos remates o embargos.

“Maura aseguró haber entregado dinero a varios jueces civiles de la ciudad para lograr la adjudicación de bienes inmuebles a través de remates y sesión de crédito. Ella señaló expresamente, entre otros jueces, a Edgar Cruces, con quien aseguró realizó varios remates”, dijo el ente investigador.

Fue en ese momento que la Fiscalía ordenó la interceptación de los teléfonos de los jueces y funcionarios de los juzgados, además de los abogados comprometidos con los ilícitos, quedando al descubierto las conversaciones entre ellos.

“En las interceptaciones  se demostró que se  concertaron y solicitaban dineros para adoptar decisiones en procesos de dicha jurisdicción y en donde actuaban como apoderados los abogados implicados. Se realizaban asesoramientos  indebidos y constreñimiento a varios de los demandantes para pagar las sumas exigidas por el juez”, destacó la Fiscalía.

El 11 de julio de 2016, las autoridades inspeccionaron el despacho de Edgar Cruces, encontrando cada uno de los procesos mencionados en las conversaciones telefónicas, en los cuales  se falló por dinero.

En las conversaciones la Fiscalía también detectó irregularidades en fallos de tutelas, prescripción de procesos y asesoramientos ilegales.

“Se escuchó a la abogada Uribe Vera concertar con el juez Edgar Cruces para adoptar decisiones a favor del demandante a cambio de prebendas económicas (…) en otra, se habla de que el 2016 será el año de hacer negocios”, relató el ente investigador.

Razón por la cual, el Juzgado 42 Penal de garantías de Bogotá le dictó medida de aseguramiento en prisión.

Pendiente de aprobación

Como “una pena ínfima” por los delitos cometidos, consideró el delegado de la Procuraduría dicho preacuerdo y elevó la solitud de aumentar el valor del reintegro a por lo menos $31 millones.  

Sin embargo, hasta el próximo 19 de abril se conocerá  la decisión  de los magistrados de aprobar, desaprobar o modificar dicho preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el juez Cruces.

A juicio

En la misma sala penal se llevó a cabo la audiencia de verificación al escrito de acusación contra el juez Francisco Rogelio Niño Jaime.

Tanto la Fiscalía como la defensa del procesado, quien goza de detención domiciliaria, presentaron sus correcciones, modificaciones, adiciones y aclaraciones respecto a los hechos delictivos imputados al juez  segundo de tierras de Norte de Santander, entre estos concierto para delinquir y cohecho impropio.

En la sala estuvieron presentes cinco de las víctimas afectadas presuntamente por las decisiones del togado.

Cabe recordar que Jesús Orlando Ospitia, director de fiscalías nacionales, dijo que a pesar de que el deudor lograba ponerse al día con su deuda, su bien era rematado.

“Peor aún, los que lograban hacerse a este bien rematado, eran postores previamente concertados, sobre la base de que ya habían consignado el 70% del valor del inmueble a rematar. El 30% restante que se pagaba sobre el inmueble rematado, era lo que se repartían entre todos”, aseguró Ospitia.

La audiencia preparatoria al juicio oral y público de Niño Jaime está por comenzar.