Luego de presentado un segundo preacuerdo, la sala penal del Tribunal Superior de Cúcuta aprobó el jueves condenar a Édgar Cruces Medina, juez primero civil municipal de Los Patios, a 55 meses de prisión por cohecho impropio, asesoramiento ilegal, tráfico de influencias y concierto para delinquir.

Dichos delitos fueron cometidos en 14 casos diferentes, sumado a otros en los que incurrió en concusión y por los cuales se allanó a cargos en un proceso paralelo. En este último, también se impartió una sentencia, pero la defensa de Cruces Medina apeló la decisión al considerar elevada la pena y resta una última palabra por parte de la Corte Suprema de Justicia.

En la audiencia, efectuada este jueves en la sala penal del Tribunal, se conoció que en este segundo preacuerdo, presentado en enero del presente año (el primero no aprobado), contempló como único  beneficio, por aceptar su participación en los hechos, la degradación de autor a cómplice.

Además, el juez Édgar Cruces deberá pagar una multa de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 58 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

“(…) En los punibles que el procesado hubiese tenido aumento patrimonial no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta que se reintegre por lo menos el 50 por ciento del valor equivalente (…) en cuanto a su cumplimiento se fija la suma de $5.500.000”, agregó el Tribunal en su decisión, sobre el dinero recibido en cuatro de los casos, además de dos boletas para un partido de fútbol de la Selección Colombia en Barranquilla.

Por ahora, queda pendiente la lectura del fallo por el preacuerdo y la decisión de la Corte, cuyas penas serán acumuladas en una sola. 

Cruces Medina fue detenido en julio de 2016 junto a Francisco Rogelio Niño Jaime, juez segundo de tierras de Norte de Santander; Luisa María Carvajal López, oficial mayor del juzgado civil municipal de Los Patios; Wolfang Ricardo Báez Sepúlveda, secretario, y los abogados litigantes Farid Zafra Arias y María Cristina Uribe Vera. 

Todos ellos fueron señalados, entre otros casos, de disponer remates de bienes de manera arbitraria y contraria a la ley, resultando beneficiados postores que eran escogidos con antelación.

Los hechos

Según se conoció, la investigación nació en julio de 2015 luego de que Maura Yolanda Jaimes Arias, condenada a 10 años de prisión junto a dos de sus hermanos (por concierto para delinquir, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares), decidiera colaborar con la Justicia.

Los hermanos aceptaron haber estafado a varias personas, quienes engañadas pagaron por económicas viviendas, producto de falsos remates o embargos.

“Maura aseguró haber entregado dinero a varios jueces civiles de la ciudad para lograr la adjudicación de bienes inmuebles a través de remates y cesión de crédito. Ella señaló expresamente, entre otros jueces, a Édgar Cruces, con quien aseguró realizó varios remates”, dijo el ente investigador.

Fue en ese momento que la Fiscalía ordenó la interceptación de los teléfonos de los jueces y funcionarios de los juzgados, además de los abogados comprometidos con los ilícitos, quedando al descubierto las conversaciones entre ellos.

“En las interceptaciones  se demostró que se  concertaron y solicitaban dineros para adoptar decisiones en procesos de dicha jurisdicción y en donde actuaban como apoderados los abogados implicados. Se realizaban asesoramientos  indebidos y constreñimiento a varios de los demandantes para pagar las sumas exigidas por el juez”, destacó la Fiscalía.

El 11 de julio de 2016, las autoridades inspeccionaron el despacho de Édgar Cruces, encontrando cada uno de los procesos mencionados en las conversaciones telefónicas, en los cuales se falló por dinero.

En las conversaciones, la Fiscalía también detectó irregularidades en fallos de tutelas, prescripción de procesos y asesoramientos ilegales.

“Se escuchó a la abogada Uribe Vera concertar con el juez Édgar Cruces para adoptar decisiones a favor del demandante a cambio de prebendas económicas (…) en otra, se habla de que el 2016 será el año de hacer negocios”, relató el ente investigador.

Los delitos

Cohecho impropio: recibir alguna clase de favor, prebenda o dinero por parte de una persona a la que tiene que juzgar o sobre la que ha de tomar una decisión.

Concusión: cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza.

Asesoramiento ilegal: empleado oficial que ilegalmente representa, litiga, gestiona o asesora en asunto judicial, administrativo o policivo.

Concierto para delinquir agravado: concertarse con otras personas para la realización de delitos, más grave aun siendo un funcionario público.