Hace dos días el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento revocó la decisión que tomó la jueza Novena Penal Municipal de garantías en el caso que le adelantan al empresario de la vigilancia en Cúcuta, Julio Cesar Casas Pacheco.
El administrador de justicia ordenó revocarle el beneficio de detención domiciliaria que le habían otorgado desde el pasado 9 de diciembre a Casas Pacheco.
Y es que la jueza Novena Penal Municipal le sustituyó la decisión que había tomado otro juez durante las audiencias concentradas, pues él había dictaminado que fuera enviado a prisión, pero ella optó por darle casa por cárcel, porque el abogado defensor de Julio Cesar aseguró que el empresario era quien tenía que velar por un hijo que estudia medicina y por su madre, quien tiene 86 años y padece unas enfermedades que la obligan a estar en un tratamiento con medicamentos.
Sin embargo, este último togado consideró que dicha decisión debe ser revocada porque no se encuentra una justificación para que se sustituya la medida de aseguramiento, ya que la vida, derechos y garantías de los familiares que conviven con el procesado no se ven afectados por su ausencia.
“Obviamente, tal situación genera congoja y tristeza en sus familiares cercanos. Pero, particularmente en este caso, la madre e hijo del encartado cuentan con otros familiares que bien pueden hacerse cargo de su manutención y el procesado cuenta con la capacidad económica para seguir sosteniéndolos”, explicó el juez.
Añadió: “reiteramos, no encontramos un sustento o soporte legal o probatorio como para que la juez de primera instancia accediera a sustituir la medida de aseguramiento y por tal razón revocaremos la decisión ordenándose que el procesado siga privado de la libertad en el centro de reclusión que disponga el lnpec. Para lo cual, el centro de servicios judiciales hará las comunicaciones del caso a las autoridades penitenciarias para que el procesado sea reconducido al respectivo centro intramural”.
Otras preocupaciones
Al Juzgado Tercero Penal del Circuito también le llamó la atención que la defensa señaló a uno de los investigadores de haber fraguado alguna artimaña para perjudicar a Julio Casas, pues no encontró ningún tipo de prueba que lo sustentara.
El despacho judicial también señaló que, “no se demuestra que las aparentes llamadas y mensajes enviados al procesado con fines extorsivos hubieran sido realizadas por el funcionario policial o familiares de la víctima. Por lo tanto, pudieran ser objeto de otro tipo de actuaciones y no está”.
Y por último el juez también se mostró extrañado por la entrevista que una mamá de las víctimas le otorgó a la defensa del empresario, donde habló de supuestas irregularidades por parte de uno de los investigadores. Pero, que en declaraciones que entregó a la Fiscalía e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), no dicen nada de eso, por lo que la mujer podría tener consecuencias jurídicas graves.
Ante esto, el representante legal de la empresa de seguridad privada Eagle American, volverá a prisión mientras enfrenta el juicio por explotación sexual comercial con menor de 18 años –en concurso con- uso de menores de edad en comisión de delitos.
